¿A cuántos extranjeros afecta el plan del PP? Así es el estatus de siete millones de personas en España

En España viven al menos 9,6 millones de extranjeros. Casi tres millones han llegado en apenas cuatro años, tras la pandemia. Siete millones tienen nacionalidad extranjera: son ciudadanos comunitarios con libre circulación, extracomunitarios con permisos de residencia, solicitantes de asilo, estudiantes y población en situación irregular. Más de la mitad están en el punto de mira del nuevo plan de inmigración de Feijóo.

El gráfico anterior muestra la distribución de las personas con nacionalidad extranjera en función de su estatus. Puede hacer en las categorías para ver más detalles. El plan esbozado por los populares pone el foco en figuras fundamentales como los permisos de larga duración, autorizaciones por arraigo y el sistema de asilo. A continuación mostramos en qué situaciones viven las personas con nacionalidad extranjera en España.

El trabajo, principal motivo en permisos temporales

Casi la mitad de los nacionales extranjeros (3,4 millones) que viven en España cuentan con algún tipo de autorización de residencia. Existen más de una docena de figuras que permiten a ciudadanos de terceros países permanecer legalmente en el país durante periodos superiores a tres meses, desde permisos por trabajo o reagrupación familiar hasta autorizaciones por arraigo o protección internacional.

Estas autorizaciones se reparten casi a partes iguales entre las temporales, que abarcan una amplia variedad de situaciones, y las de larga duración, que se conceden a quienes llevan más de cinco años de residencia legal y cumplen otros requisitos, como tener contrato laboral o recursos económicos suficientes.

Las autorizaciones de residencia temporal suelen tener una duración inicial de un año que puede prorrogarse. Una tercera parte de los permisos que estaban en vigor en junio de este año —último dato disponible— estaban vinculados al trabajo. Este grupo de medio millón de personas está principalmente formado por hombres (61,8%) de entre 16 y 64 años.

La siguiente categoría más numerosa, con 440.000 personas, es “otras circunstancias excepcionales”. Agrupa autorizaciones concedidas por razones muy diversas: colaboración con autoridades, razones de seguridad nacional y permisos para víctimas de violencia de género o trata de seres humanos, entre otros.

Completan la lista los 350.000 permisos por arraigo —vinculados a relaciones sociales o laborales—, los de reagrupación familiar (casi 130.000), asociados al permiso de residencia de un pariente; las autorizaciones no lucrativas, destinadas a personas sin actividad laboral pero con recursos económicos suficientes; y las figuras de protección internacional para refugiados y apátridas.

Los permisos por trabajo han mantenido una tendencia positiva desde 2013, con un crecimiento del 60%. Pero el principal aumento lo han registrado las figuras de protección internacional como el asilo, que se han multiplicado por 20, el arraigo (por 10) y el resto de circunstancias excepcionales (por 118).

Los vínculos familiares y sociales, pilares del arraigo

La figura de arraigo, señalada por Alberto Núñez Feijóo como una “vía masiva” de regularización, acogía en junio a unas 350.000 personas (el 21% de los permisos temporales). Este mecanismo permite obtener autorización de residencia a quienes ya se encuentran en España y cumplen ciertos requisitos sociales, laborales o familiares, sin necesidad de haber entrado con un visado de residencia. Nueve de cada diez portadores de estas autorizaciones proceden de África y América central y del sur.

Casi el 80% de extranjeros con arraigo — 277.000 personas— se ha regularizado a través de arraigo familiar o social, dos modalidades pensadas para personas con vínculos familiares directos con ciudadanos españoles o con una integración acreditada en el país.

Destaca además el arraigo por formación, creado en 2022, que en apenas dos años concentra ya casi un 20% de los permisos. Esta figura acoge en este momento a casi 70.000 personas que se comprometen a realizar una formación para la obtención de un empleo. El arraigo laboral, en cambio, es muy minoritario (1%).

Las autorizaciones iniciales, otorgadas a personas que no tenían documentación previa o cuyo permiso lleva más de tres meses caducado, representan el 75 % de los permisos por arraigo. Es una cifra alta, pero esperable: esta vía se usa sobre todo para personas que no tenían papeles en regla. El crecimiento sostenido de los permisos iniciales en los últimos años indica que cada vez más personas entran por primera vez en el sistema legal a través del arraigo.

Feijóo defiende que el arraigo deje de ser una vía masiva y vuelva a tener un carácter excepcional. La figura ya cuenta, no obstante, con requisitos que limitan quién puede acogerse a ella. Por ejemplo, el arraigo social exige demostrar vínculos familiares (parientes o pareja) o un informe favorable de la comunidad autónoma y la acreditación de medios económicos suficientes. En la siguiente tabla puede consultar las exigencias para cada tipo.

Dos millones de nacionalidades en 15 años

La residencia legal puede ser un paso intermedio hacia la nacionalidad española. Cada año, decenas de miles de personas cruzan este umbral, tras cumplir los plazos y requisitos establecidos. Desde 2009 hasta 2024 se concedió la nacionalidad por residencia a más de 2 millones de personas: la mayor parte (55%) procedían de países latinoamericanos incluidos en la categoría de “Iberoamérica plus”, que permite solicitar la nacionalidad tras dos años de residencia legal y continuada en el país.

El mayor pico se registró 2013 debido al Plan Intensivo de Nacionalidad, puesto en marcha en 2012 por en Ministerio de Justicia, encabezado por Alberto Ruiz Gallardón, para agilizar la tramitación de los expedientes. El repunte que siguió a la pandemia se mantuvo en 2023 y 2024: las nacionalidades otorgadas pasado 2020 suponen cerca del 40% de las concesiones de los últimos 15 años.

Además de los plazos, la obtención de la nacionalidad por residencia exige, de acuerdo con el Código Civil, la demostración de integración y buena conducta cívica. Estas últimas se acreditan con exámenes de conocimientos constitucionales y socioculturales, e idioma español (cuando no es la primera lengua) y la ausencia de antecedentes penales.