El Gobierno busca fórmulas legales para perseguir a Israel por el asalto a la flotilla en aguas internacionales

La sensación de impotencia que ha trasladado el Gobierno ante el asalto en aguas internacionales a la flotilla que transportaba ayuda humanitaria para Gaza ha generado grietas dentro del Ejecutivo. Sumar sostiene que se podía haber hecho más, incluso forzar la situación permitiendo que el buque militar que navegaba cerca de la flotilla entrara en la zona de exclusión que ha determinado Israel y así forzara algo más la situación. “Ni el Gobierno español ni ningún otro ha hecho suficiente para impedir este desenlace”, dijo el ministro Pablo Bustinduy (Sumar). La Moncloa, y en especial el ministerio de Defensa, optó por no traspasar esa línea roja y el barco tenía órdenes expresas de no entrar en la zona de exclusión, según fuentes del Ejecutivo, porque eso habría supuesto un riesgo evidente de enfrentamiento con tropas israelíes que el Gobierno quería evitar a toda costa. El presidente, Pedro Sánchez, insistió en que el Gobierno ha “apoyado a la flotilla en todo momento”.

Sin embargo, La Moncloa y Exteriores no van a quedarse aquí con esta sensación de impotencia y limitándose a los gestos diplomáticos como la llamada a la encargada de negocios de Israel en España para mostrar la protesta oficial, según estas fuentes. De momento el Ejecutivo está reservando sus cartas a la espera de que los integrantes españoles de la flotilla regresen a su país, algo que podría suceder en las próximas horas. Hasta entonces se mantendrá cierta prudencia en las declaraciones y en las decisiones, para evitar represalias sobre ellos que pudieran complicar o retrasar su regreso.

Pero en cuanto vuelvan, se desplegará una ofensiva no solo diplomática sino legal para perseguir a Israel por el asalto a la flotilla, que para el Gobierno constituye a todas luces un acto ilegal. Según explicó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se trata de una flagrante violación del derecho internacional porque los tripulantes de la flotilla estaban ejerciendo un derecho básico de circular por aguas internacionales, que se define técnicamente como “derecho de paso inocente por aguas internacionales en alta mar”.

Por eso el presidente, Pedro Sánchez, insiste cada vez que se refiere al asunto en que estas personas, que van desarmadas, son pacíficas -no se resistieron siquiera levemente a su detención por las tropas israelíes- y estaban en misión humanitaria para llevar alimentos y medicinas a Gaza no suponían “ninguna amenaza para Israel”. Este punto es clave para entender que Israel habría cometido un delito evidente y una violación de las normas internacionales del derecho marítimo.

El propio Sánchez admitió, con palabras suaves ante la evidencia de que los españoles estaban en ese momento siendo detenidos y transportados a Israel, que el Gobierno está estudiando todas las fórmulas legales para perseguir en la justicia internacional y española al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu por esta violación flagrante de las normas internacionales.

De momento la fiscalía española ya está estudiando el asunto para ver si podría incluirlo en la investigación que lleva adelante sobre la masacre en Gaza. En este caso afecta directamente a ciudadanos españoles en aguas internacionales, lo cual simplifica la tarea.

Pero el Ejecutivo también está estudiando otras fórmulas, no solo en el Tribunal Penal Internacional sino también ante la propia ONU, que puede resolver en contra de Israel porque la violación de derechos es muy evidente. Es Tel Aviv el que ha determinado una “zona de exclusión” a 120 millas de Gaza, pero ningún otro país la reconoce y por tanto para el resto del planeta el lugar donde fueron detenidos los miembros de la flotilla son aguas internacionales.

En cualquier caso este asunto no solo ha generado una tensión interna dentro del Gobierno, en el que Sumar cree que se debería haber ido más lejos mientras el PSOE sostiene que se ha hecho todo lo posible sin correr riesgos innecesarios para la vida de los propios tripulantes, sino sobre todo ha reabierto la brecha entre los dos bloques que estaba un poco amortiguada por la propuesta del plan de paz de Donald Trump, que tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo saludaron. La cuestión de la masacre en Gaza genera una enorme distancia entre la izquierda y la derecha políticas, a pesar de que según las encuestas el asunto es mucho más trasversal y más del 80% de los españoles rechaza lo que está haciendo Netanyahu.

Mientras Feijóo volvió a su ambigüedad y evitó referirse al asalto de la flotilla, la cuestión generó una enorme polémica entre el PSOE y Sumar por un lado e Isabel Díaz Ayuso y Vox por el otro. Tanto la presidenta de Madrid como el partido de Santiago Abascal optaron por burlarse de la flotilla y de sus miembros más destacados, en especial la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que según Ayuso fue al viaje a Gaza para “bañarse en las islas griegas”. Mientras, todo el Gobierno, desde el propio Sánchez a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mostraron su solidaridad con los embarcados y aplaudieron su actitud de protesta para denunciar algo que según recordó Albares no sucede en ningún otro lugar del mundo, solo en Gaza: que no se permita la entrada de ayuda humanitaria.

Esta fractura entre los dos bloques, con Feijóo en una posición más intermedia y siempre tratando de evitar la cuestión que le genera mucha tensión interna entre las distintas posiciones en el PP sobre Gaza, no para de acrecentarse y ha llegado al punto de que un sector de la derecha incluso ha cargado contra el Rey Felipe VI por ser muy crítico con Netanyahu.

En el Gobierno están sorprendidos con la actitud de Ayuso, que cree que va en contra de muchos de sus propios votantes. En el Ejecutivo destacan la gran movilización que este asunto está suponiendo entre los más jóvenes, como se vio este jueves en la huelga de estudiantes en toda España para protestar por la masacre en Gaza y las manifestaciones en varias ciudades de adolescentes y jóvenes que contradicen esa idea de que en ese sector de la población está arrasando la ultraderecha.

En La Moncloa están convencidos de que Feijóo ha quedado totalmente fuera de juego desde la semana pasada, cuando un país como Portugal, gobernado por sus aliados de la derecha tradicional, decidió reconocer a Palestina, algo que el PP no quiso apoyar cuando lo hizo Sánchez. También lo hicieron Francia y el Reino Unido. Ahora toda la presión va sobre la Italia de Giorgia Meloni, en la que hay movilizaciones muy importantes por el asalto a la flotilla y una huelga general convocada este viernes. El Ejecutivo intentará así mostrar las debilidades de Feijóo en política internacional pero sobre todo seguirá destacando que el líder del PP vive condicionado por las posiciones de Ayuso, que le marca la agenda y en este asunto en particular está más cerca de Netanyahu que ningún otro dirigente de la derecha tradicional europea.