El fiscal general culpa al jefe de gabinete de Ayuso de orquestar “una estrategia” para “desviar el foco” de la presidenta madrileña

La Abogacía del Estado defiende que ni existe el delito de revelación de secretos en los hechos por los que será juzgado Álvaro García Ortiz ni puede atribuirse a este “cualquier grado de participación” en la supuesta filtración de un mail vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Estas son las conclusiones que la Abogacía, que ejerce la defensa del fiscal general, llevará al juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo y que se recogen en el escrito de defensa presentado este miércoles, al que ha tenido acceso EL PAÍS. En el texto, la Abogacía rebate el relato de hechos de las acusaciones y propone otro en el que recalca que fue el propio abogado de González Amador quien “rompió, unilaterlamente, cualquier supuesta confidencialidad del correo”. El abogado del Estado sostiene también que Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta madrileña, “diseñó y ejecutó una estrategia consistente en construir y difundir” una versión alternativa de los hechos.

El escrito de defensa de García Ortiz responde al presentado hace unas semanas por las acusaciones, que reclaman entre cuatro y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación para el jefe del Ministerio Público. En el documento, la Abogacía propone también las pruebas que quiere que se practiquen en el juicio, que incluyen, entre otras, la comparecencia como testigos de González Amador; el abogado de este en el caso del fraude fiscal, Carlos Neira; el jefe de gabinete de la presidenta madrileña; y los periodistas que ya han declarado durante la instrucción (incluidos cuatro de este periódico) y que aseguran que conocieron detalles del pacto que negociaba el abogado del empresario con la Fiscalía antes de que llegara a García Ortiz el coreo cuya filtración se investiga.

Una vez presentados todos los escritos, el siguiente paso será que la Sala Penal acuerde qué pruebas acepta de las propuestas por cada parte para que se practiquen en el juicio y señale la fecha en la que se celebrará. Este jueves, la sala ha designado oficialmente el tribunal que juzgará a García Oriz, que estará estará integrado por siete magistrados. Cinco de ellos son los que formaron parte de la Sala de Admisión que abrió la causa contra el fiscal general: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (que será la ponente de la sentencia) y Carmen Lamela. A estos cinco, se sumará el nuevo presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, y, según las normas de reparto, el magistrado más antiguo de los que hasta el momento no han intervenido en la causa abierta contra García Ortiz, que en este caso es la magistrada Ana Ferrer.

La Abogacía coincide con el Ministerio Público en presentar un relato de hechos mucho más extenso del que han armado las acusaciones y ha acogido el magistrado Ángel Hurtado para mandar a juicio al fiscal general. Mientras estos se centran en lo ocurrido a partir de las 21.29 del día 13 de marzo de 2024, cuando se publicó en El Mundo una información en la que se aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo al abogado de González Amador para que admitiera dos delitos fiscales, la defensa de García Ortiz se remonta a mediados de enero de 2024, cuando la Agencia Tributaria remitió a la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid un informe y una liquidación vinculada a delito por el Impuesto de Sociedades de la empresa Maxwell Cremona, cuyo administrador único era González Amador.

Ruptura “unilateral” de la confidencialidad

A partir de ahí, según recoge el escrito de la Abogacía, la Fiscalía fue dando los pasos habituales en investigaciones por fraude a Hacienda, y , apenas dos semanas después, el 2 de febrero, el abogado de la pareja de Ayuso escribió un correo al fiscal del caso en el que admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía un pacto que le librara de entrar en la cárcel. La defensa de García Ortiz subraya que el letrado envió este mail, que es el que centra la investigación, a una cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos y que a él tuvieron acceso al menos 17 personas el mismo día que se envió y “alrededor de 600″ antes de que fuera remitido al fiscal general la noche del 13 de marzo. Además, la Abogacía recuerda que el abogado del empresario reenvió ese correo “a un abogado del Estado, que no estaba encargado del asunto”, por lo que, según la defensa de García Ortiz, fue el propio Neira quien rompió “unilateralmente, cualquier supuesta confidencialidad” de ese mail.

Esta situación volvió a repetirse, según la Abogacía, el 12 de marzo, el día en el que ElDiario.es publicó la noticia de que la pareja de Ayuso había defraudado 350.000 euros con una trama de facturas falsas. Tras difundirse esta información, el letrado Neira le reenvió a González Amador el correo que el fiscal del caso le acaba de mandar, en el que le adjuntaba la denuncia contra el empresario y le informaba de que, el hecho de que hubiese otros denunciados (los empresaros que supuestamente emitieron las facturas falsas), no impediría alcanzar un acuerdo de conformidad.

La defensa de García Ortiz recalca que la pareja de Ayuso envió este correo al jefe de gabinete de la presidenta madrileña poco después de recibirlo. Este hecho, omitido en los escritos de las acusaciones, es esencial para la tesis de la Abogacía, que considera que Miguel Ángel Rodríguez usó esta información para “neutralizar urgentemente el presumible impacto político negativo de la noticia publicada por elDiario.es sobre la presidenta" madrileña. “Utilizando los medios propios de su función institucional”, señala la Abogacía, el jefe de gabinete de Ayuso “diseñó y ejecutó una estrategia consistente en construir y difundir un relato alternativo, según el cual los problemas de D. Alberto González Amador con la Hacienda Pública se debían a una persecución política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que eran partícipes la AEAT y la Fiscalía”.

La “estrategia” del jefe de gabinete de Ayuso

La defensa de García Ortiz sostiene que esta estrategia orquestada por Rodríguez incluía diferentes “acciones coordinadas”: declaraciones políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid; la descalificación de la fiscal jefa provincial con insinuaciones públicas sobre sus supuestos vínculos políticos con el Gobierno; la difusión de una versión manipulada de los hechos a través de WhatsApp, utilizando las listas de prensa de los servicios de comunicación de la Comunidad de Madrid, y a través de la red social X; y la difusión de esa misma versión manipulada a través de medios de comunicación “políticamente afines”.

La Abogacía incorpora también al relato de hechos los mensajes de WhatsApp que el jefe de gabinete mandó a distintos periodistas que cubrían la información política de Madrid con una “versión manipulada” de lo ocurrido. Esos mensajes y la publicación en El Mundo, a las 21.29 del 13 de marzo, de una noticia con la “versión manipulada” de Rodríguez, hicieron, según la defensa, que muchos periodistas llamaran a la Fiscalía para pedir información, lo que llevó al fiscal general a reclamar el intercambio de correos entre el Ministerio Público y el abogado de González Amador.

El abogado del Estado rechaza el indicio principal que sostiene la acusación contra García Ortiz, que se se basa en que la Cadena SER aludió por primera vez al correo del letrado Neira la noche del 13 de marzo, una hora y media después de que, a las 21.59, el fiscal general supuestamente recibiera ese mail. "Los hechos acaecidos en la tarde del 13 de marzo de 2024 ponen de manifiesto que no existe ninguna conexión lógica necesaria entre la publicación del correo de 2 de febrero en la Cadena SER y el envío de ese mismo correo” al jefe del Ministerio Público, señala la Abogacía, que añade: “Si ambos hechos están próximos en el tiempo es porque los dos tuvieron una misma causa desencadenante, que fue la puesta en marcha desde la Comunidad de Madrid de una serie de acciones coordinadas de comunicación que pretendían, al mismo tiempo, neutralizar y desviar el foco de la información publicada por elDiario.es, y acusar a la Fiscalía de perseguir por motivos políticos a la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid".

La estrategia de comunicación puesta en marcha por la Comunidad de Madrid desencadenó, según el abogado del Estado, dos “procesos independientes pero que se desarrollaron de forma paralela en el tiempo”. Por una parte, se suscitó “un gran interés informativo” que impulsó a todos los medios de comunicación “a una intensa actividad investigadora, fruto de la cual algunos de ellos lograron obtener de sus fuentes y publicar el correo electrónico de 2 de febrero de 2024″. Por otra parte, y al margen de lo anterior, García Ortiz “se vio en la necesidad de averiguar la realidad de lo que había acontecido y, al recabar la información obrante en la Fiscalía, recibió también el correo electrónico de 2 de febrero de 2024″. “Todo ello sucedió en el curso de unas pocas horas. Necesariamente, pues, la obtención del correo por algunos periodistas y el conocimiento del mismo por el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado D. Álvaro García Ortiz tienen que estar próximos en el tiempo”, concluye la Abogacía.