Lea el discurso del fiscal general en la apertura del año judicial

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está a la espera de que se abra juicio contra él por la supuesta filtración de un correo vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y cuya situación procesal ha disparado la atención y la tensión la apertura del año judicial, ha manifestado este viernes su confianza “en la justicia” y “en la verdad” y ha hecho un “humilde llamamiento” para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española. En la víspera, las asociaciones conservadoras y los vocales del CGPJ propuestos por el PP habían reclamado que García Ortiz no participara en el acto y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo anunció que no iría alegando que su presencia contribuía a un “choque institucional”.

Aquí puede leer su discurso:

Majestad, con su venia.

Es un honor, como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país, estar hoy aquí —en mi condición de Fiscal General del Estado— en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. En este acto solemne y reglado presidido por el Jefe del Estado. Y participar como dispone la Ley en la apertura de un nuevo curso judicial en España.

Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal.

Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse, y solo haré una mención al respecto en este discurso: Si estoy aquí como Fiscal General del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad.

Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales. Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la Ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes.

Las Memorias de la Fiscalía General del Estado son un instrumento estratégico para la modernización del Ministerio Público y de la justicia en general. La recopilación anual de datos conforma una base histórica que permite planificar políticas públicas en materia de justicia, analizar nuevas realidades delictivas, reforzar la acción del Ministerio Fiscal y, en su caso, proponer reformas legislativas.

Señor, proporcionaré a continuación algunas cifras, estadísticas, fundamentalmente relativas al proceso penal, que ayudan a comprender el ingente trabajo durante todo el año 2024 del Ministerio Fiscal, de los tribunales y de la justicia en general.

Pues bien, en 2024 se incoaron 1.687.743 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 1,4%. Un incremento inferior al del período 2022-2023.

Las estadísticas sobre la tipología delictiva se mantienen como en años anteriores.

Los delitos contra la vida y contra la integridad constituyen el 32% del total de diligencias y los delitos contra el patrimonio se mantienen en el 21%.

Por lo que se refiere a las diligencias urgentes o juicios rápidos, en el año 2024 se incoaron 245.851, lo que da una idea del peso de este procedimiento en el proceso penal español. Esta cifra implica un incremento del 2,6% respecto a la de 2023.

La importancia —por su eficacia— de este procedimiento puede medirse en que en el año 24 se formuló acusación por el Ministerio Fiscal en el 65,4% de los asuntos incoados. Es decir, 160.863 escritos de acusación. Y un dato muy relevante: se alcanzó una conformidad ante los juzgados de instrucción en el 74,6% de los procedimientos.

En cuanto a los juicios leves, se tramitaron en número de 401.901, con un apreciable aumento respecto a los años anteriores.

En relación con los procedimientos abreviados, en el año 2024 se incoaron 198.966, lo que representa un notable incremento del 13,8% respecto a la cifra registrada en 2023.

En estos procedimientos el Ministerio Fiscal formuló 166.626 escritos de acusación, frente a los 141.322 del año 23.

El número de procedimientos ordinarios o sumarios incoados en 2024 fue de 4.251 frente a los 3.728 del año anterior. Un incremento de 14%.

Por el Ministerio Fiscal se presentaron 3.341 calificaciones provisionales en procedimientos ordinarios. Un 22,6% más que el ejercicio anterior.

Los procedimientos incoados ante el Tribunal del Jurado fueron 694. Un incremento del 6,3% respecto al año 2023.

Se presentaron 499 calificaciones en este tipo de procedimiento, porcentaje que supone un aumento del 12,4%.

También se intensificó la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal a través de las diligencias de investigación preprocesal, pues en 2024 se incoaron 15.504 frente a las 14.470 del año anterior.

La actividad global de la Fiscalía se concretó en este ejercicio memorial en la formulación de 331.329 escritos de acusación en todo tipo de procedimientos, cifra un 10,09% superior a la de 2023, en que las acusaciones ascendieron a 298.853.

Del total de escritos, casi la mitad, el 48,6%, correspondió a los vulgarmente conocidos como juicios rápidos.

Los señalamientos de juicios a los que asistió el Ministerio Fiscal en 2024 llegaron a un total de 365.418, número superior a los 316.418 de 2023. En consecuencia, se ha producido un claro incremento en la celebración de juicios ante los distintos órganos de enjuiciamiento respecto al año precedente.

En relación con el porcentaje de suspensiones de juicios, concretamente en los juzgados de lo penal, se suspendieron el 36,8% (frente al 42,6% de 2023). En las audiencias provinciales, el porcentaje de suspensiones fue del 32,6%, respecto al 36,3% del año 23.

Ha de reiterarse el efecto negativo del elevado índice de suspensiones, en la medida en que genera una elevada y justificada insatisfacción a la ciudadanía, perturba la organización de las fiscalías, de los órganos judiciales y de todos quienes colaboran con la Administración de justicia. Implica, además, una respuesta penal negativa frente al delito como consecuencia del debilitamiento de los medios de prueba y de la generalizada apreciación judicial de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

El dato de sentencias dictadas en la anualidad 2024 es un indicativo fundamental del trabajo jurisdiccional en el que participa de forma preceptiva el Ministerio Fiscal. Al margen de las dictadas por los juzgados de instrucción en el trámite de diligencias urgentes como consecuencia del instituto de la conformidad, que ascendieron a 120.043, los juzgados de lo penal dictaron 152.298 sentencias, cifra superior en un 15,6% a la del año 23. Las audiencias provinciales dictaron un total de 11.641 sentencias en 2024, lo que conlleva un incremento anual del 14,7%.

Si se analiza el porcentaje que suponen las sentencias absolutorias, las dictadas por los juzgados de lo penal en procedimientos abreviados y juicios rápidos constituyeron el 19,4% del total (en 2023 fueron el 20,6%). Las dictadas por las audiencias provinciales supusieron, por su parte, el 15,2% (cifra ligeramente inferior al 15,9% del año 23).

Debo hacer notar que una sentencia absolutoria nunca puede interpretarse —en un riguroso análisis de la justicia penal— como un dato discordante. Más al contrario, significa que el sistema funciona y que el proceso es garante de los derechos de la ciudadanía.

En cuanto a las sentencias condenatorias de conformidad, las dictadas por los juzgados de lo penal ascendieron a 81.564, lo que supone el 66,4% del total de condenas de 2024. En las 9.867 sentencias condenatorias dictadas por las audiencias provinciales, el porcentaje de conformidad fue del 57%, es decir, se dictaron 5.621 sentencias de conformidad.

Las modalidades delictivas con mayor presencia en las sentencias condenatorias de 2024, al igual que en años anteriores, han sido los delitos contra la seguridad vial y contra el patrimonio, con porcentajes del 33% y del 18%, respectivamente. Se trata de cifras muy similares a las de 2023, que fueron del 35% y 19%.

Los delitos de violencia familiar y de género han supuesto el 10% del total.

Los delitos contra la vida e integridad física constituyeron el 9%.

Mientras que los delitos contra la Administración de justicia supusieron el 8%.

Idénticos porcentajes a la anualidad anterior.

Señor, continúo desglosando algunos aspectos de la Memoria de 2024, referidos ahora a la actuación propia de la Fiscalía española.

En relación con aspectos nucleares de la estrategia del Ministerio Fiscal, este año es protagonista —al ser una materia de incuestionable interés— la amplia actividad desplegada en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada por la institución que me honro en dirigir.

Es irrefutable la estrecha relación entre ambos fenómenos que, a su vez, se retroalimentan mutuamente. La corrupción facilita que grupos criminales se infiltren y actúen en diversos sectores, no siendo ajeno a esta situación ningún sector de la sociedad. Por su parte, la delincuencia organizada utiliza la corrupción para alcanzar sus objetivos y mantener su impunidad, lo que conlleva discriminación, insolidaridad y arbitrariedad, y con ello un grave deterioro de la relación entre la ciudadanía, el ordenamiento jurídico y las instituciones públicas.

El Ministerio Fiscal cuenta, como es sobradamente conocido, con distintas vías para luchar contra esta herida al Estado social y democrático de derecho. Indudablemente, la primera mención y reconocimiento ha de ser para la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, modelo y referente para otras fiscalías similares en los países de nuestro entorno.

Pero, es más, en el marco del Plan de Regeneración Democrática, aprobado por el Gobierno de España en septiembre de 2024, se crearon dos nuevas Unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para fortalecer la respuesta ante las diversas formas de corrupción. Se trata de la Unidad de Delitos Económicos y de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Ambas vinculadas al objetivo de mejorar la lucha contra el fraude a la Administración y a la Hacienda Pública.

Con estas unidades se completa, además, un marco de persecución penal de delitos que exige un esfuerzo de colaboración y coordinación con otros actores de la justicia española. Y debo citar expresamente a la Fiscalía Europea, que complementa y suma recursos y acciones para la investigación y enjuiciamiento de estos delitos.

Porque resulta fundamental la colaboración entre los distintos operadores públicos implicados en esta difícil tarea que mide la fortaleza de nuestros sistemas. A ello añadimos órganos constitucionales, como es el Tribunal de Cuentas y la encomiable acción que realiza la Fiscalía integrada en este tribunal.

La lucha contra la delincuencia organizada no se agota aquí, pues la mayor parte de la actividad de la Fiscalía Especial Antidroga está vinculada a la misma.

Lo que en los últimos años podría parecer una amenaza silenciosa para la sociedad va mostrando progresivamente más potencial de daño. Cada vez utiliza más violencia y posee un riesgo real de corrupción, que conduce a una merma en la confianza de las instituciones.

Durante el año 2024 la Fiscalía española y, dentro de ella, la Fiscalía Especial Antidroga ha seguido impulsando las líneas de actuación fijadas en materia de recuperación de activos, una prioridad nacional e internacional, una prioridad estratégica, por lo tanto, para el Ministerio Fiscal. No por ello debemos perder la perspectiva del bien jurídico protegido por estos delitos: la salud pública. La presencia de sustancias perjudiciales para la salud en nuestra sociedad, aun de manera menos evidente que en el pasado, no es por ello menos preocupante. En consecuencia, retomar iniciativas integrales para combatir el consumo ilícito de drogas y sustancias estupefacientes es también una necesidad social y de utilidad pública.

También resulta ilustrativa la Memoria sobre la actividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en la que destaca el aumento tanto del volumen como de la complejidad de los asuntos, fundamentalmente en delitos socio-económicos.

El Capítulo Tercero de la Memoria recopila la actividad de las Unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado. Nos aproxima al ingente trabajo institucional realizado por todas ellas tanto dentro como fuera de España.

Plasma realidades en ocasiones negadas o minusvaloradas por quienes anteponen otras conveniencias al interés público. Por quienes olvidan que hay víctimas detrás de las cifras de delitos. Personas, colectivos que sufren y que demandan amparo a sus instituciones. La realidad y crudeza de las cifras y de los hechos acalla las falacias que sobre determinadas realidades se pretende proyectar.

Las casi 200.000 denuncias por violencia de género en 2024 se suman a las de años anteriores. Es difícil negar una evidencia que acumula 2.840.838 denuncias interpuestas desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004.

Por la Unidad especializada de Violencia sobre la Mujer se hace un registro y seguimiento de estas denuncias. De esos casi tres millones, el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo. El promedio de todos estos años, concretamente desde 2009, es del 0,0082%.

Algunos datos son sencillamente escalofriantes.

50 mujeres murieron a manos de sus parejas masculinas en el año 2024.

La cifra es muy similar a la arrojada en 2023, año en el que fueron 51 las mujeres asesinadas.

Mayoritariamente, los homicidios y asesinatos machistas tuvieron lugar en días festivos y periodos vacacionales.

Especialmente preocupante fue la situación de los menores hijos e hijas de las víctimas.

27 niños y niñas quedaron huérfanos como consecuencia de la violencia machista. A su vez, la violencia vicaria terminó con la vida de 9 menores de edad. 4 fueron asesinados junto a sus madres.

El domicilio compartido o propio del agresor o de la víctima fue el lugar de comisión de 38 de los feminicidios consumados, lo que representó el 76% del total.

También se ha analizado el dato de la ruralidad y de los entornos cerrados, como elementos determinantes de la ausencia de denuncia.

La falta de privacidad y el control social cómplice, que comparte entornos con el agresor, influyen gravemente en que la víctima se sienta sola y vulnerable. Aquí es necesario poner todos los recursos a nuestro alcance para lograr que las víctimas se sientan fuertes y seguras para denunciar los hechos y huir del círculo de violencia.

La Unidad de Trata de Personas y Extranjería informa que se mantiene el incremento de llegadas de migrantes por vía marítima iniciado en 2023, especialmente a las Islas Canarias. Por ello, es especialmente importante coordinar las investigaciones relacionadas con la inmigración ilegal, que además revisten gran complejidad por su vinculación con la delincuencia organizada trasnacional.

Menor, mujer y migrante sin papeles es una condición aprovechada sin escrúpulos. La Unidad de Trata y Extranjería no solo trabaja en la persecución de las conductas de tráfico ilícito, sino también en velar por la garantía de los derechos de los migrantes en los centros de acogida, de internamiento y en las salas de inadmitidos de los aeropuertos.

Adquieren también especial relevancia y merecen un tratamiento transversal — en el que también participa la Unidad de Menores— todas las cuestiones surgidas por el aumento progresivo de niños y niñas que, sin acompañamiento familiar, estigmatizados y señalados públicamente por algunos sectores sociales y también políticos, se encuentran solos frente a un mundo extraño y requieren una atención especial.

La respuesta que como sociedad seamos capaces de dar en el presente a niños, niñas y mayores migrantes será el juicio que de todos nosotros hará el futuro. La dignidad del ser humano y el superior interés del menor son valores constitucionales que nos definen como sociedad democrática.

Haré mención, a continuación, a algunas de las conclusiones aportadas por otras Unidades de la Fiscalía General del Estado.

La Unidad de Seguridad Vial señala que, si se analiza el importante incremento de los indicadores de movilidad, puede inferirse un estancamiento en la reducción de víctimas mortales en accidentes de tráfico.

Quiero tener aquí un recuerdo especial para nuestro compañero Luis del Río Montesdeoca, Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, tristemente fallecido a principios de este año.

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo informa de un aumento de la siniestralidad, incluidos los accidentes mortales. En un momento que vivimos de crecimiento económico y de la propia actividad laboral, debemos mantener las alertas y maximizar los instrumentos en garantía de los derechos de los trabajadores.

La Memoria de la Unidad de Menores resulta también significativa. Frente a discursos alarmistas, la realidad es que la incoación de procedimientos de reforma de menores se ha reducido un 6% en relación con el año anterior. En 2024 se incoaron 67.367 diligencias preliminares. Se ha roto así la línea ascendente iniciada en 2021.

En consecuencia, se produjo un descenso del 4,93% en la incoación de expedientes de reforma respecto a 2023.

Pese a ello, la Unidad de Menores traslada una seria preocupación por el incremento y auge de conductas realizadas por menores de edad cada vez más violentas. En especial, por el aumento de infracciones de violencia intrafamiliar, de lesiones en general, de delitos contra la libertad sexual y del creciente abuso o mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con especial incidencia en el campo del acoso escolar.

La delincuencia transnacional nos impone un nuevo escenario en el ámbito de la persecución penal. Hay un cambio de paradigma en el que la cooperación nacional e internacional, la transversalidad y la especialización, son la base de cualquier investigación con vocación de éxito.

En realidad, la potencialidad y capacidades de la Fiscalía española la han convertido en un referente, por lo que se halla perfectamente preparada para asumir nuevos retos con seguridad, eficacia y celeridad. La Unidad de Cooperación Internacional refuerza este papel de la Fiscalía, y ha tenido un expreso reconocimiento en el Informe publicado el 8 de octubre de 2024 por el Consejo de la Unión Europea sobre la Décima Ronda de Evaluaciones Mutuas en relación con la implementación de la orden europea de investigación en España.

Nuestra presencia internacional, por otro lado, es cada vez más valorada. Somos embajadores de España y de su justicia.

La Unidad de Criminalidad Informática afronta la creciente preocupación mundial ante el incremento de la delincuencia en el entorno virtual. Es evidente la necesidad de proteger la seguridad de redes y sistemas informáticos, impulsando la cooperación internacional.

Los datos estadísticos que recoge la Memoria de esta Unidad reflejan el casi exponencial aumento de las infracciones penales cometidas a través de los sistemas de tecnología de la información y la comunicación.

Por otro lado, la Unidad de Personas con Discapacidad y Mayores ha hecho posible que nuestra institución llegue a toda la ciudadanía. Su labor ayuda a resolver problemas del día a día a miles de personas y sus apoyos.

Las Unidades especializadas de la Fiscalía General creadas en 2022 son también bandera y referente del compromiso del Ministerio Fiscal con la realidad de este país. Atienden hechos cuya existencia aflora cuando se genera la confianza ciudadana en la denuncia de conductas intolerables para una sociedad libre y democrática.

La Unidad de Delitos de Odio y Discriminación es un modelo nacional e internacional. Muy destacable fue el incremento interanual en la formulación de escritos de acusación por delitos de incitación al odio y la discriminación. Su aumento fue de casi el 40%. Dato muy relevante.

La Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática constata la consolidación de la especialidad en el año 2024, lo que visibiliza el compromiso de la institución con los derechos humanos y con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por nuestro país en este ámbito. Debo poner en valor la coordinación desarrollada en relación con la actividad de las fiscalías en la jurisdicciones penal, civil y contencioso-administrativa, con especial referencia a la búsqueda, localización y exhumación de restos humanos en fosas comunes.

Como es habitual, la Memoria se nutre también de las importantes aportaciones de las Secciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo y de los Fiscales de Sala Delegados de Víctimas y Vigilancia Penitenciaria. Rigor y profesionalidad de la Fiscalía española.

Esta mención es también una oportunidad para poner en valor el trabajo de las y los fiscales en todo el territorio del Estado, sustento de nuestra institución y servicio a la ciudadanía.

Las secciones territoriales, las fiscalías de área, las fiscalías provinciales, las de las comunidades autónomas y la Fiscalía del Tribunal Supremo son la pirámide construida alrededor de las personas que defienden nuestro Estado social y democrático de derecho. En sus secciones y en todas las jurisdicciones, incluida la militar, hacen realidad el principio de unidad de actuación y aportan seguridad jurídica con los principios de legalidad e imparcialidad como inquebrantable seña de identidad.

La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional supone una singularidad para los Ministerios Públicos de nuestro entorno. Se trata de una fiscalía pequeña en número de fiscales, pero trascendente en la vida jurídica de este país. Quiero destacar especialmente la importancia de incorporar los valores y principios constitucionales al trabajo de las fiscalías, así como los esfuerzos de coordinación que exige la aplicación de la doctrina constitucional.

He dejado para el final una mención al medioambiente y a los incendios forestales.

Llevamos semanas sumidos en la desolación provocada por los incendios y por el dolor derivado de la pérdida de vidas humanas.

La conjura de los riesgos que determinan los incendios forestales ha desembocado en una inédita ola de fuegos cuyos rescoldos continúan vivos, tanto en el medio como en la conciencia social y colectiva.

Corresponde al Derecho penal la persecución de quienes, omitiendo las más elementales normas de cuidado o de manera intencionada, han provocado algunos de estos incendios.

Pero nos corresponde hablar de aquello en lo que es valiosa nuestra experiencia y conocimiento. Autoría y responsabilidad son palabras inherentes al lenguaje de los fiscales. Sabemos que la causalidad de los incendios es un tema muy complejo, complejísimo, al que se enfrentan los países de muy diversas maneras.

Incumbe a los especialistas en los diferentes campos valorar y determinar los riesgos a los que sometemos a nuestro medioambiente, a nuestro territorio, y que entrañan la causa directa o indirecta de los fuegos.

Como fiscales, pero —sobre todo— como especialistas dedicados a combatir la delincuencia contra el medioambiente, conocemos el limitado papel que el Derecho penal puede tener en este desgraciado fenómeno de los incendios forestales.

Desde hace muchos años, con esfuerzo y dedicación, la red de fiscales de medioambiente se empeña en el descubrimiento y enjuiciamiento de quienes generan riesgos a nuestro entorno. Pero en situaciones de crisis también somos garantes del imperio de la Ley. No podemos dejarnos llevar, como sociedad, por la impotencia que en ocasiones genera la incertidumbre de los incendios, la sensación de inseguridad colectiva que proyectan. Hemos de proporcionar prudencia y rigor frente a soluciones simplistas.

Debemos evitar el riesgo de criminalización del mundo rural y de determinados colectivos. No podemos reducir el complejísimo problema de los incendios forestales a la «caza del hombre», a la represión penal.

Prosigo, Excelencia

Durante el año 2024 en la Fiscalía española resurgió la iniciativa de rescatar algunas figuras emblemáticas de la historia del Ministerio Fiscal. De nuestra historia.

Es este un buen lugar, el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, para destacar, en el marco de la recuperación de la memoria democrática de este país, a aquellos fiscales, jueces o secretarios judiciales que frente al Estado totalitario alzaron la voz y se comprometieron personal y profesionalmente para conseguir una «Justicia Democrática». Merecen, todos ellos y todas ellas, este reconocimiento.

Constituidos originariamente en la ciudad de Barcelona en el año 1971, la escasa literatura que habla de ello sitúa como acto fundacional una reunión auspiciada por Clemente Auger en 1972, a la que acudieron —entre otros— Jesús Vicente Chamorro, Jesús Bernal, Luis Burón, Carlos de la Vega, Eduardo Jauralde, Fernando Jiménez Lablanca, Julián Serrano Puértolas, Carlos Jiménez Villarejo, José María Mena, Antonio Carretero, Cesáreo Rodríguez Aguilera, Fernando Ledesma, José Antonio Martín Pallín, Juan José Martínez Zato y Manuel Peris.

Cito a quienes se les atribuye una participación en aquel momento fundacional, aunque dejo de nombrar injustamente a quienes con posterioridad se incorporaron y desarrollaron una labor imprescindible, a través de sus informes de denuncia de una justicia que, partiendo de un Estado dictatorial, transicionó hacia nuestra democracia.

Es notoria la ausencia de mujeres en esa reunión fundacional de 1972, pero he de hacer notar que con posterioridad se incorporaron al movimiento, entre otras, quienes desde entonces han sido relevantes servidoras públicas. Ello tiene una sencilla explicación, pues no fue sino hasta el año 1974 cuando la primera mujer aprobó las oposiciones de ingreso a la carrera judicial y fiscal: Belén del Valle Díaz, quien optó por la carrera fiscal. Desde aquí un sencillo homenaje y reconocimiento a quien lamentablemente nos dejó el 19 de mayo de 2025.

Frente a esa realidad de 1974, el Ministerio Fiscal es hoy una de las instituciones más avanzadas en materia de paridad. El 66% de las integrantes de la carrera fiscal son mujeres y el 46% ocupan cargos directivos.

Continúo, Señor.

La Memoria de la Fiscalía constata que, afortunadamente, vivimos en uno de los países más seguros y prósperos del mundo. La seguridad y la libertad de la que gozamos es un patrimonio que hemos conquistado entre todas y todos. Una calidad de vida que exporta una imagen atractiva de país, que nos permite crecer en lo económico y en beneficio de la sociedad. La seguridad y la justicia tienen un valor añadido.

Al Derecho penal, al proceso penal, a quienes trabajamos en la prevención y persecución del delito, nos resulta obligado asegurar el mantenimiento y mejora de este espacio de libertad y seguridad. Las nuevas realidades hacen imprescindible dotarlo de una mayor agilidad y eficacia, sin merma alguna, por supuesto, de las garantías del justiciable. En la construcción, consolidación y perfeccionamiento del Estado de derecho cada institución tiene su lugar e importancia.

Reivindico así el papel del Ministerio Fiscal, el de las y los fiscales en el proceso penal, en la promoción de la justicia y los valores constitucionales, con autonomía respecto del Poder Judicial y, por supuesto, también del resto de poderes del Estado.

Defiendo, como defienden las y los fiscales de toda España, una institución potente, con presencia y relevancia en la sociedad, vertebradora del Estado, en la aplicación del principio de igualdad en cualquiera de los rincones de este país y a cualquiera de las personas que lo integran. Igualdad para para todas y para todos, sin que su origen, procedencia, ideología o condición perturbe la dignidad inherente a su propia existencia.

Decía al principio de mi intervención que creo firmemente en la Fiscalía española como instrumento esencial del Estado de derecho, como motor de cambio, y de la inevitable e ineludible transformación del modelo de investigación penal. El Fiscal General del Estado DEL ESTADO Celebro las iniciativas y proyectos legislativos desplegados para fortalecer y modernizar la justicia española. También los tan reclamados y ansiados proyectos que se encuentran en ciernes.

Para quienes buscan excusas o se resisten al cambio nunca habrá un momento adecuado. Se escudarán en circunstancias puntuales o contingentes, que lo que demuestran es precisamente la necesidad de un replanteamiento del sistema en su globalidad.

La demanda de esta transformación es una constante en las aportaciones, estudios y, por supuesto, en la Memoria de la Fiscalía española de las últimas décadas.

Por ello, vuelvo a reclamar desde este solemne foro la cristalización de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal. Nuestro país lleva ya años de retraso respecto a nuestros vecinos europeos. Animo desde aquí a que las instituciones públicas concernidas consensuen una reforma legislativa que permita, de una vez por todas, modernizar —y también mejorar— nuestro sistema de proceso penal.

Ese cambio legal precisará de una metamorfosis de la Fiscalía española. Naturalmente que sí. Especialmente en los procesos internos de toma de decisiones para encauzar las discrepancias. Será preciso, pues, establecer un sistema de contrapesos en el que el interés particular no se anteponga nunca al general. Restringir el poder del Fiscal General del Estado, si se considera pertinente.

Será necesario transformar la Fiscalía para adaptarla a los nuevos tiempos. Como lo ha hecho la sociedad española durante estos años de democracia. Y la trasformación no es coyuntural ni tiene un sesgo oportunista. Es una necesidad de país y de progreso.

Como es natural, hay una resistencia a abandonar un modelo que enmarca una tradición jurídica de varios siglos.

No se trata de sustituir unos profesionales por otros, sino de establecer un sistema de investigación con contrapesos institucionales, que construya un nuevo reparto de papeles y que potencie la garantía de los derechos de los justiciables. Que España y su sistema de justicia penal se incorpore a la normalidad de nuestro entorno internacional.

Por ello, no podemos proyectar la imagen de la Fiscalía como un elemento de distorsión del sistema. Somos y nos sentimos parte de esta compleja ordenación y encarnamos con responsabilidad un profundo respeto interinstitucional y la contención de nuestras competencias en el ejercicio del poder. Cerca de 3.000 fiscales son guardianes y garantes de ello.

Hay proyecto y hay futuro en la necesidad de permanente trasformación al servicio de la sociedad y ante la magnitud de los retos.

Próximamente estrenaremos nueva sede de la Fiscalía General del Estado, pero necesitamos seguir ganando músculo orgánico, cuerpo institucional, autonomía presupuestaria, avanzar en formación y mejorar nuestra organización interna.

Si se dota a la Fiscalía española de medios suficientes, está sobradamente preparada para asumir —con autonomía e independencia— el formidable reto que supone una reforma estructural que ya ha sido aprobada como anteproyecto de ley orgánica por el Gobierno de la Nación.

Lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos tratan de proyectar, la Fiscalía española es la mejor salvaguardia para la ciudadanía y el Estado de derecho. Lo hemos demostrado ya en el procedimiento de menores. Lo hacemos todos los días con nuestras diligencias de investigación, incluso en los casos más complejos que después llegan a los tribunales de justicia. Y dirigiremos la investigación criminal, si el legislador así lo decide, sometidos al control de garantías del Poder Judicial.

Excelencia, la lealtad de esta institución y la garantía de su continuidad son valores que trascienden a quienes temporalmente tenemos el honor de asumir su más alta representación. Pero ello no obsta para decir en nombre de esta magnífica institución que estamos dispuestos a asumir nuevos retos para mejorar la eficacia de la justicia y del servicio público. Esfuerzo, dedicación y capacidad de transformación hacia un espacio de libertad, igualdad, dignidad y justicia para todos y para todas.

Muchas gracias, Majestad.