El Gobierno aprueba su plan para la quita de la deuda a las comunidades y presiona al PP: “¿Quién puede decir que no a esto?”

Casi dos años después de que la pactaran el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez en 2023, la quita de la deuda empieza a ser una realidad jurídica, aunque aún quedan meses de tramitación para que sea aprobada definitivamente en el Congreso. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de la quita parcial de la deuda a las Comunidades Autónomas de régimen común que lo soliciten, una medida que cuenta con el rechazo explícito del PP y de sus presidentes autonómicos, que lo consideran una cesión a los partidos independentistas. El Gobierno, sin embargo, ha explicado con datos que el 70% del dinero de la quita beneficiaría a comunidades gobernadas por el PP, y que la que tendría más reducción por habitante es la Comunidad Valenciana, y no Cataluña.

El Ejecutivo ha insistido en la presentación en que este proyecto, al contrario de lo que dijo el PP, beneficia a todas las autonomías, no solo a Cataluña, y no tiene sentido que se opongan las populares simplemente por una cuestión política, para poder mantener su discurso de los privilegios de los independentistas. De hecho, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y principal responsable de esta medida, se ha mostrado convencida de que los presidentes del PP, aunque ahora lo rechacen, acabarán pidiendo esta condonación —es voluntaria, así que no se concede si no se pide— porque no se puede justificar ese perjuicio a sus ciudadanos por intereses partidistas.

Montero ha metido presión al PP desde la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda?“, se ha preguntado la vicepresidenta primera. “¿Qué familia española, si se le plantea una condonación de su hipoteca, va a decir que no? Esta es la pregunta que hay que hacerle a las comunidades del PP que dicen que van a votar en contra. ¿Van a perjudicar a sus ciudadanos? Yo quiero creer que no lo harán y pedirán la condonación”. Montero será la candidata del PSOE en Andalucía, donde habrá elecciones como máximo en junio de 2026, y tiene una batalla en este tema con el presidente, Juanma Moreno, del PP, que ha insistido hoy en Santander en que no pedirá la quita porque “es una operación política para que Sánchez se mantenga en el poder”.

La quita asciende a 83.000 millones de euros para todas las autonomías, incluidas las que no tienen deuda con el Estado, como Madrid, a la que se le condonaría deuda privada que tiene con distintos bancos. El Ejecutivo ha desplegado varios cuadros de información para demostrar que la tesis del PP de que esto es un regalo solo para Cataluña es “mentira”. El Ejecutivo insiste en que eso no aumenta la deuda española —ya estaba contabilizado, es solo un reparto interno— ni al déficit y que el Estado puede asumir ese coste de intereses que tenían las autonomías hasta ahora “por la buena marcha de la economía en España”, según Montero.

La ministra ha explicado que esta medida “excepcional” va a beneficiar a todas las comunidades “tengan deuda o no con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico)”. Montero considera que esta iniciativa va a permitir que las autonomías “puedan reducir su carga financiera y recuperar autonomía financiera y política”.

El sistema no será condicional a la política fiscal, como pedía Sumar, que planteaba que se presionara así a comunidades como Madrid que bajan los impuestos mientras piden más dinero. Pero sí tendrá algún beneficio para las autonomías que en estos años han subido o al menos no han bajado el tramo autonómico de IRPF, para premiar a las que han sido más responsables fiscalmente. Esto abrirá sin duda una batalla política con Madrid y otras. “Es una incongruencia que haya comunidades que bajen sus impuestos a los ciudadanos y, sin embargo, exigen del Gobierno de España mayor financiación”, ha criticado Montero.

Montero ha afirmado además que se va a “dejar la piel” para lograr la aprobación de los presupuestos generales del Estado (PGE), que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el lunes a presentar. Montero ha dado un paso más en ese compromiso, al dejar claro que “presentar” quiere decir llevarlos al Congreso y llegar hasta la votación de totalidad, una cita clave cuya derrota ha supuesto hasta ahora siempre la convocatoria de elecciones, aunque Sánchez ahora insiste en que él no disolverá las Cortes aunque pierda ese hito.

El Gobierno pone en marcha este mismo miércoles el mecanismo legal para la tramitación de Presupuestos. “Mañana mismo el BOE recogerá la orden de elaboración de Presupuestos”, ha anunciado Montero, que ha admitido que ya ha iniciado las conversaciones discretas con los socios, aunque aún no tiene los apoyos necesarios. La vicepresidenta sostiene que las Cuentas se presentarán “con o sin apoyos”, pero ha añadido: “No se me pasa por la cabeza que no lo apoyen [el proyecto de presupuestos], me dejaré piel para que [los socios] los apoyen y estoy convencida de que lo harán, porque es bueno para España”.

La ministra ha desvelado que el resto de departamentos llevan ya algunos meses trabajando con el Ministerio de Hacienda para alumbrar los nuevos proyectos de cara a 2026, con una especial mención a los jóvenes y al desafío de la vivienda. “Las líneas transversales van en pos de conseguir un desarrollo económico, una redistribución de la riqueza y la capacidad de blindar los servicios públicos”, ha remarcado en su intervención ante los medios tras el Consejo de Ministros.

En todo caso, ha insistido en la idea de Sánchez de que la legislatura seguirá adelante si no logran la aprobación de las cuentas públicas. “A veces se sacraliza el proyecto de Presupuestos, es importantísimo, pero los Presupuestos son un instrumento para llegar a un fin y tenemos unas cuentas prorrogadas que sirven para los objetivos del Gobierno, que son la equidad y reducir desigualdades, mejorar las condiciones económicas y blindar el Estado de bienestar”, ha rematado. Montero y la portavoz, Pilar Alegría, han desvinculado la reunión de este jueves en Bruselas entre Salvador Illa y Carles Puigdemont de la negociación de Presupuestos, aunque han admitido que es “un paso” en el acercamiento con Junts, pero no han querido aclarar si esto abre la vía para que llegue la cita entre el expresident y Sánchez, que de momento sigue sin fecha.