Ahmet, el refugiado kurdo detenido en España acusado de terrorismo: “Siento que ya no estoy seguro en Europa”

En menos de 24 horas, Ahmet Dikmen, kurdo de Turquía, pasó de estar con su familia de vacaciones a estar detenido con un proceso de extradición. Sobre las 10 de la mañana del sábado 12 de julio, un par de días después de viajar a Valencia con su mujer y dos de sus hijas, el timbre de la casa que habían alquilado para las vacaciones sonó insistentemente. Se trataba de unos agentes de policía, que acudieron al apartamento para detener al padre. Lo metieron en un coche en dirección a Madrid, donde lo sometieron a un juicio que, según el kurdo, “no duró ni tres minutos” y en el que le decretaron prisión provisional. Dikmen pasó 12 días en la cárcel de Soto del Real, con la posibilidad de ser extraditado a Turquía, de donde huyó a Bélgica en 2012 por las presiones del Gobierno en Ankara sobre los activistas kurdos. El hombre ya se encuentra de vuelta en Bélgica con su familia, pero ha perdido parte de su confianza en la Unión Europea y vuelve a temer por su seguridad. “Ahora siento que ya no estoy seguro en Europa. Todavía no he podido superar del todo ese estado psicológico”, cuenta.

Horas antes de su detención, cuando Dikmen dio sus datos para acceder al apartamento turístico que habían alquilado, a la Policía le saltó una orden de detención de Europol contra él por su presunta vinculación a un grupo terrorista en Turquía. Cuando fue detenido, sin que su familia tuviera información, fue trasladado a Madrid y puesto a disposición judicial en la Audiencia Nacional, que inició un procedimiento de extradición contra él y decretó prisión provisional. Al ser una decisión judicial, fuentes del Ministerio del Interior explican que llevaron a cabo el proceso protocolario y que, en este tipo de casos, no tienen “margen de maniobra”.

Dikmen, que lleva 12 años viviendo en Bélgica junto a su mujer y sus hijos como refugiado, había sido en Turquía un activista a favor de la independencia de Kurdistán, la región sin Estado entre Turquía, Irán, Irak y Siria donde habita este pueblo. Durante ese periodo “estuvo sometido constantemente a la presión de la policía turca”, explica su hija, que pide no ser identificada por miedo a represalias. También denuncia que su casa “fue allanada muchas veces” y que tanto Dikmen como su familia han “sufrido torturas”. Tres de sus hijos fueron detenidos por las autoridades turcas en 2009 y 2010. Cuando salieron de su país, en 2013, decidieron huir a Bélgica. En estos 12 años, nunca ha sido detenido ni en su país de acogida ni en otros Estados de la Unión, señala su hija.

María Galán López, la abogada que se encargó del caso de Dikmen, explica que él militaba en el Partido Democrático de los Pueblos, una formación pro-kurda con representación en la Asamblea Nacional. El político tenía varias causas abiertas porque fue vinculado con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), prohibido en Turquía y en la lista de organizaciones terroristas de la UE y de Estados Unidos. Galán manifiesta que la vinculación con el PKK “es una práctica bastante recurrente por parte de Turquía”. Las deportaciones de refugiados al país del que huyeron infringe el principio de no devolución, por lo que constituyen una violación al Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados.

La letrada denuncia que el proceso de detención se llevó a cabo “muy deprisa”, lo que impidió que su familia pudiera hablar con él, presentar la documentación que tienen y, al principio, encontrar un abogado particular. “No es solo una cuestión de confianza, sino de garantías mínimas. Y más en personas perseguidas, que han sufrido tanto, y que tienen razones fundadas para desconfiar del sistema”, argumenta la abogada. Fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncian que “no es la primera vez que se detiene a kurdos que han sido juzgados por rebeldía” cuando han salido de Turquía. La hija de Dikmen ratifica lo que explica la abogada: “el Estado turco asocia a mi padre con el PKK, como a todo kurdo que busca sus derechos”, aunque señala que él nunca ha tenido contacto con este partido.

La obsesión de Turquía de acabar con el PKK se debe a que ha sido el partido que ha canalizado las ambiciones independentistas del Kurdistán a través de la violencia, lo que ha generado un conflicto abierto entre este grupo y el país. El Kurdistán es considerado la mayor nación sin Estado. Hay unos 30 millones de kurdos entre estos territorios y la diáspora, según diversas fuentes oficiales. Las aspiraciones de un Kurdistán independiente han generado tensiones con los Estados que ocupa, especialmente con Turquía. Este conflicto ha provocado más de tres millones de desplazados. Muchos de ellos se encuentran en países de Oriente Próximo. En la Unión Europea hay aproximadamente 1,3 millones de kurdos, de acuerdo con un informe del Consejo de Europa.

La presión de Turquía a los kurdos

Aunque las tensiones entre Turquía y el pueblo kurdo se remontan a más de un siglo atrás, el conflicto actual comienza en los años ochenta, poco después de la fundación del PKK. Tras cuatro décadas de guerra y de llevarse por delante más de 40.000 vidas, el fundador y líder del partido, Abdullah Öcalan, que cumple una pena de cadena perpetua en una cárcel al noroeste turco desde 1999, ordenó el pasado febrero la disolución del PKK. Este hecho supuso el primer paso para acabar con el enfrentamiento.

Algunas organizaciones han denunciado los ataques indiscriminados de Turquía contra la población kurda. Un informe de Amnistía Internacional revela que la policía turca dejó sin agua durante 20 días y sin luz durante 15 a más de 200.000 kurdos en 2016, a modo de “castigo colectivo” por un atentado con un coche bomba que mató a un policía y cinco civiles, entre ellos, dos menores. Ese mismo año, la ONG Human Rights Watch cifró entre 200 y 300 civiles y combatientes kurdos muertos en un periodo de ocho meses y denunció la “impunidad” con la que las autoridades turcas torturan a la población de Kurdistán. Desde 1990, la organización Human Rights For Turkey ha recibido casi 30.000 denuncias de torturas, como a las que fue sometido Dikmen.

No es la primera vez que esto sucede en España. En 2009, la policía detuvo a los activistas kurdos Remzi Kartal y Eyup Doru y autorizó a la Audiencia Nacional que empezara los trámites para su deportación a Turquía. Al igual que Dikmen, ambos contaban con el estatus de refugiado, Kartal en Francia y Doru en Bélgica. Finalmente, tras pasar por varios días en prisión, la orden de extradición fue rechazada, cuando la Fiscalía comprobó “su actividad estrictamente política”, según señalaron fuentes fiscales al diario Público.

Aunque Dikmen ha podido volver a su casa, la angustia que sufrió ante la posibilidad de volver a Turquía ha resquebrajado su sensación de seguridad de la Unión Europea. El activista kurdo aún recuerda el miedo que sintió cuando vio el cartel del aeropuerto de Barajas en la carretera, mientras era trasladado a Madrid para su juicio: “Nunca se me habría ocurrido que me encontraría con una situación así en un país de la Unión Europea. Lo que viví nos demostró una vez más que ni siquiera en un lugar tan seguro como Europa, nuestra seguridad está garantizada”.