Cae una banda que perpetró 13 sofisticados asaltos a sucursales bancarias en seis meses

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido detener a nueve presuntos integrantes de “un grupo criminal itinerante y altamente especializado” al que se le atribuyen 13 sofisticados asaltos a sucursales de entidades financieras situadas en pequeñas localidades de una decena de provincias en tanto solo seis meses, entre finales de noviembre y los primeros días de junio, según han informado este miércoles ambos cuerpos policiales. Un décimo integrante del grupo está fuera de España en busca y captura. Entre los detenidos ―siete españoles, un rumano y un kosovar― hay varios con numerosos antecedentes por robos por el sistema del alunizaje (empotrar un vehículo contra un escaparate) en Madrid. Uno de ellos, apodado Pitu, acababa de salir de prisión.

El botín de los robos en banco que se les atribuye hasta ahora supera los 400.000 euros, de los que se han recuperado una cuarta parte. También se les ha intervenido en dos fincas situadas en los términos municipales de Benejúzar (Alicante) y Villaviciosa de Odón (Madrid) que utilizaban como bases para preparar los golpes abundante material del utilizado para perpetrar los robos como radiales, pinzas hidráulicas, martillos percutores, inhibidores de frecuencia, dos escopetas recortadas, una pistola y cinco vehículos de alta gama que habían sido sustraídos para delinquir.

La investigación ―realizada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional― se inició a finales de noviembre del pasado, después de que los ahora detenidos perpetraran dos asaltos con tan solo un día de diferencia en sendas entidades bancarias de las localidades navarras de Barásoain (600 habitantes) y Cabanillas (1.350 habitantes) en los que, tras causar numerosos daños en las oficinas, se hicieron con 124.000 euros de las cajas fuertes.

La inspección ocular de las sucursales permitió recuperar algunos de los instrumentos que habían abandonado los ladrones, entre ellos varios discos de los que se utilizan para cortar hormigón, que permitieron centrar parte de las pesquisas en la provincia de Alicante como posible procedencia del grupo. La investigación también reveló que la banda ―a la que, además de estos dos robos, se le atribuyen otros dos a entidades bancarias en Cantabria, un par más en Castellón y uno en las provincias de Alicante, Badajoz, Burgos, Ciudad Real, Córdoba, Zamora y Valencia, así como el butrón a una nave en Barcelona para sustraer perfumes de alta gama― utilizaba siempre el mismo sofisticado sistema para sus asaltos.

Según detallan estas fuentes, el grupo elegía siempre sucursales bancarias, la mayoría pertenecientes a cajas rurales, situadas en poblaciones pequeñas y que ofrecieran fácil salida a autovías para poder emprender la huida rápidamente si eran descubiertos. Una vez seleccionado el objetivo, el grupo elegido para participar (y que variaba entre seis y ocho ladrones, entre los que había siempre un experto en conducción evasiva y otro en apertura de cajas fuertes) se desplazaba a la localidad en dos vehículos y, como primer paso, instalaba cámaras en los alrededores de la oficina. “A veces las ocultaban entre piedras o las adherían con imanes a farolas cercanas”, detalla uno de los investigadores. El objetivo era poder observar en tiempo real lo que ocurría alrededor.

Al llegar la medianoche, el grupo realizaba la siguiente fase del asalto, consistente en cortar los cables de la alarma y sustituir el bombín de la puerta por otro de la misma marca y modelo del que tenían la llave, con lo que provocaban que la alarma saltase. Inmediatamente abandonaban el lugar y, desde las afueras de pueblo, gracias a unos routers portátiles que les daban cobertura de wifi para controlar las cámaras, observaban la llegada de la patrulla de la Guardia Civil. Una vez que los agentes abandonaban el lugar al considerar que había sido una falsa alarma, ya que nada indicaba externamente que se estuviera produciendo un robo en el interior de la sucursal, los atracadores volvían al lugar y se valían de potentes inhibidores para inutilizar las últimas alarmas que quedaban operativas, las inalámbricas.

A partir de ese momento, entraban en la oficina y, con la ayuda de potentes radiales, pinzas hidráulicas y sopletes, abrían la caja fuerte y reventaban los dispensadores de billetes de los cajeros automáticos para hacerse con el dinero. “Se podían tirar hasta cinco horas dentro de la oficina para conseguir el botín”, señala uno de los investigadores. Con el dinero ya en su poder, abandonaban el lugar a bordo de potentes vehículos robados ―a los que cambiaban de matrícula varias veces esa noche― y se refugiaban en viviendas de alquiler alejadas de lugar del asalto, donde se repartían el dinero antes de regresar cada uno a su domicilio habitual.

Eso sí, antes de abandonar la sucursal, los ladrones se llevaban las grabadoras del sistema de videovigilancia y rociaban el local con lejía y otros productos de limpieza para eliminar cualquier rastro de ADN y huellas que les pudiera identificar. En ocasiones, también vaciaban los extintores de la oficina con el mismo fin. “Tomaban numerosas medidas para no ser identificados”, destaca otro agente que ha participado en la investigación y que detalla que, a veces, se ponían pelucas y utilizaban dispositivos electrónicos para detectar la presencia policial o si les habían instalado balizas de geolocalización en los automóviles. Incluso, llegaron a pintar en dos ocasiones uno de los coches para dificultar la investigación. “Cuando lo robaron era blanco, luego lo pintaron de negro y cuando se ha intervenido era azul”, detallan estas fuentes.

El último golpe que se atribuye al grupo desarticulado fue el asalto, el pasado 3 de junio, a una sucursal en Cañete de las Torres (Córdoba, 3.000 habitantes), donde consiguieron un botín de algo más de 100.000 euros. Al día siguiente, un amplio operativo permitía detener a seis de los integrantes de la banda en la provincia de Alicante y a los tres restantes, en la de Madrid. Guardia Civil y Policía Nacional realizaron también 11 registros domiciliarios (ocho en Alicante y tres Madrid) y siete en garajes (seis en Alicante y uno en Madrid). Las pesquisas apuntan a que el destino que cada integrante del grupo daba al dinero que le correspondía del reparto del botín era diverso. Uno había adquirido una vivienda unifamiliar en una localidad de los alrededores de Madrid, mientras otro había invertido en estancos y un tercero en inmuebles en la Región de Murcia.