La sangría económica de Mame Cheikh para traer a sus “veintitantos” hijos de Senegal

A Mame Cheikh Niang Mbaye no le salen las cuentas, le está costando un potosí reencontrarse con sus hijos. Este senegalés de 64 años, residente en Bilbao desde 1986, hasta hace poco vendedor de sábanas a cielo abierto, un superviviente en toda regla, se declara el padre de 24 hijos (viven 22 de ellos) y dice estar sufriendo un calvario económico cada vez que se propone tramitar la llegada a España de uno de sus descendientes. Tramitar el derecho de reagrupación familiar le supone un gasto que ronda los 1.000 euros para cada uno de sus hijos. Dice que cuenta con los certificados de nacimiento y la nacionalidad española de todos ellos en regla, pero cada vez que solicita el pasaporte para traerlos a Bilbao, el Consulado español en Dakar le exige someterse a una prueba de ADN para certificar la paternidad. Su bolsillo ya no da más de sí y su paciencia, tampoco. “Mis hijos son ciudadanos españoles, tienen la nacionalidad. ¿Si tienen sospechas de que no son mis hijos, por qué les han concedido la nacionalidad?”, se queja Mame Cheikh, que ha puesto su caso en manos de un abogado.

¿Cuántos hijos tienes, Mame? “Veintitantos”, responde a bote pronto. Ha sido padre de 24 hijos (dos fallecieron), engendrados por cuatro mujeres diferentes que en la actualidad viven en una casa común en Touba (la ciudad santa por excelencia de los musulmanes en Senegal). La mayor nació en 1983 y la hija menor solo tiene cinco años de edad. Mame Cheikh es musulmán y llegó a España en 1986. Ese año tomó un avión en Marruecos que le trajo a Bilbao tras hacer escala en Portugal. “Eran otros tiempos”, rememora. En 2000 consiguió la ciudadanía española. Se ha ganado la vida vendiendo sábanas por las localidades de la costa vizcaína. Ahora no trabaja y percibe el salario mínimo vital, una prestación social que el Gobierno central ha transferido recientemente al Ejecutivo vasco.

Durante todo estos años, Mame Cheikh ha acudido regularmente a su país de origen y dejado su semilla en cada estancia: ocho hijos con una mujer, otros ocho con otra, cinco con una tercera y una hija con la cuarta esposa. Su deseo ahora es “traer aquí” a la prole, dice en una conversación en el despacho de su abogado en Bilbao, “para darles una vida mejor”. Seis de ellos ya viven “aquí” y, afirma, “se han integrado muy bien”. Quiere reagrupar al resto (los más jóvenes), pero la burocracia administrativa está jugando en su contra: “Tengo el certificado de nacionalidad española de mis hijos, pero me exigen pruebas de ADN por cada hijo. Me obligan a contratar a un traductor. Mis hijos se tienen que desplazar casi 200 kilómetros desde Touba hasta el consulado en Dakar… Es una ruina. Traer un hijo a España me cuesta unos 1.000 euros”, se queja.

Sistemáticamente, cada vez que Mame solicita un pasaporte ordinario para alguno de sus hijos, el Consulado General de España en Dakar le responde con un escrito en el que le pide que se someta a un análisis de ADN “por estimar que existen dudas fundadas sobre la identidad de la persona que se pretende documentar” y por la “dudosa autenticidad y fiabilidad de los documentos del Registro Civil senegalés correspondiente a la inscripción de nacimiento del solicitante”. Las muestras genéticas tomadas por el laboratorio, dice el consulado en su carta, se conservan durante un año y después son “destruidas”. Mame suele hacerse la prueba de ADN en un centro homologado de Zaragoza, el más cercano a su domicilio en Bilbao.

El letrado Javier Galparsoro, profesor de Derecho de Asilo y Extranjería y presidente de Zehar Errefuxiatuekin (ONG de ayuda a los refugiados), opina que “es jurídicamente inaudito que las autoridades españolas en Senegal pongan en duda la paternidad y la nacionalidad española de sus hijos, que cuentan con certificados emitidos por el Registro Civil”. El consulado en el país africano exige las pruebas de ADN para validar la autenticidad del parentesco porque desconfía de los documentos registrales que se expiden en Senegal: “Esto no es normal. Lo lógico es que me pidan los análisis antes de concederles la nacionalidad a mis hijos”, comenta Mame Cheikh.

“Yo soy una buena persona, no quiero engañar a nadie. No tengo miedo a hacerme las pruebas de ADN para demostrar la paternidad. Sé que son mis hijos. Lo que me fastidia es hacer tanto papeleo y tener que gastar tanto dinero para estar con mis hijos en España”, añade. Mame Cheikh, que ya tiene cinco nietos (uno de ellos residente en Bizkaia), ha tramitado recientemente la venida a España de dos de sus hijas menores de edad, nacidas en 2007 y 2008, respectivamente, que tienen concedida en ambos casos la nacionalidad española. La petición se cursó en septiembre de 2004 y ya abonó entonces los 490 euros que le cobra el laboratorio donde se somete a las pruebas de ADN. Además, tiene que pagar 160 euros por el traductor, costear los viajes… “Me van a arruinar”, dice enfadado porque, más de medio año después, aún no ha conseguido los pasaportes para ellas. Una de estas está pendiente de recibir los permisos del consulado para “trasladarse [a España] y ser atendida en un hospital de unos problemas en las piernas”.

“Esto solo pasa con Senegal”, protesta Galparsoro, “porque no ocurre con ciudadanos de Mali, Ghana o Camerún”. “Si tienen sospechas de que no son sus hijos, ¿por qué el Registro Civil les ha concedido la nacionalidad española?“, apostilla. La sombra de la falsificación de documentos oficiales en Senegal está a la orden del día, lo que ha llevado al consulado español en aquel país a extremar las condiciones para expedir los permisos de reagrupación familiar: “Es posible que haya fraudes, no lo sé”, reconoce Mame Cheikh, “pero pagamos justos por pecadores y nos tratan a todos igual”. El Defensor del Pueblo español admite que recibe “numerosas quejas” en relación con la demora en la concesión de los certificados de nacimiento y en la concesión de visados, en algunos casos con una espera “inasumible de más de dos años” por la escasez de recursos humanos que sufre aquel consulado para tramitar todas las peticiones.

El abogado Galparsoro no encuentra una explicación a la situación que vive su cliente senegalés: “Yo no conozco un caso igual. Mame Cheikh tiene 22 hijos y por cada traslado tiene que gastar 1.000 euros. Es una cantidad económica a la que no puede hacer frente. Si sus hijos tienen reconocida la nacionalidad española, ¿por qué motivo le obligan a este hombre a hacerse una prueba de ADN por cada hijo y desembolsar todo este dineral?”.