La Fiscalía acusa al empresario Pérez Dolset de un fraude en subvenciones de 30 millones

La Fiscalía Anticorrupción acusa al empresario Javier Pérez Dolset de un fraude en las subvenciones de 30 millones de euros y de detraer cerca de 40 millones de su empresa Zed, que quebró en 2016, y pide que se siente en el banquillo también por blanqueo de capitales e insolvencia punible, entre otros delitos.

En un escrito fechado el 23 de junio, la Fiscalía insta al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña a procesar a Pérez Dolset, otras 13 personas y 17 sociedades por blanqueo, delito societario, falsedad documental, insolvencia punible y fraude en las subvenciones.

Pérez Dolset es el empresario que acompañaba a la exmilitante socialista Leire Díez en una reunión en la que esta pidió al también empresario Alejandro Hamlyn —acusado de un fraude de hidrocarburos— información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. También la acompañó en la rueda de prensa en la que negó ser una “fontanera” del PSOE.

Dolset denuncia que esta causa por la que el fiscal José Grinda solicita su procesamiento “está manipulada y las pruebas son falsas”. “A pesar de saberlo, el fiscal ha cambiado la acusación original de 101 millones de dólares en Panamá por 37,5 millones, que no sé de dónde vienen ni a dónde van porque yo no tengo el escrito”. Dolset sostiene que el escrito del fiscal anticorrupción sale ahora “en respuesta” a una querella que el empresario interpuso contra Grinda hace 18 días.

El caso por el que Anticorrupción pide sentar en el banquillo a Pérez Dolset tiene su origen en 2016, cuando el empresario presentó ante la Fiscalía una denuncia por actuaciones personales y societarias de sus socios, entre los que figuraban empresas vinculadas y controladas por el magnate ruso Mikhail Fridman, que podrían constituir una absorción ilegal de empresas. Fridman, que hasta marzo de 2022 fue máximo accionista de Dia, estuvo inicialmente investigado en la causa, pero el juez instructor, Manuel García Castellón, archivó el caso contra él al no encontrar pruebas de su supuesta “asfixia” a la compañía. Apenas un año más tarde, en 2017, la Audiencia Nacional abrió una causa contra Pérez Dolset y casi dos decenas de personas, por un presunto delito de fraude de subvenciones en la compañía.

Anticorrupción cree que, ante la situación de riesgo de insolvencia creada por las presuntas actuaciones de los llamados “accionistas rusos”, Pérez Dolset y otros, entre ellos sus hermanos, iniciaron una serie de acciones dirigidas al desvío de fondos de Zed WorldWide para destinarlos a fines propios, por un importe cercano a los 40 millones de euros. Todo ello “con abuso de las funciones rectoras de la compañía”, en detrimento de la sociedad y contribuyendo de forma relevante a la situación de insolvencia.

Se detrajo así patrimonio en beneficio de Pérez Dolset, falseando condiciones de adjudicación y ejecución de subvenciones y préstamos de diversas administraciones públicas. Para ello, según la Fiscalía, se creó un entramado societario ajeno a Zed destinado a la deslocalización de capitales y a su ocultación frente a las acciones de los socios y de los perjudicados por la insolvencia. Asimismo, se llevó a cabo una “facturación ficticia” de empresas del Grupo Zed con sociedades controladas por algunos de los investigados, que estaban vinculados laboralmente al grupo.

La emisión de dichas facturas, indica el escrito, no respondió a prestaciones reales y se realizó con el propósito de aparentar un volumen actividad inexistente o para deslocalizar fondos, todo ello “con la cooperación necesaria de sus empleados y de sociedades instrumentales desconectadas de la familia Pérez Dolset”.

Según la Fiscalía, el empresario ideó un sistema para la obtención masiva de subvenciones y préstamos, falseando los requisitos necesarios para obtenerlas, así como las condiciones de ejecución, operativa con la que habría defraudado 30 millones de euros. Zed, que llegó a tener presencia en 70 países y más de 1.700 empleados, quebró dejando una deuda de más de 300 millones de euros.

El fiscal José Grinda, quien firma el escrito, ha recibido el amparo del Consejo Fiscal después de las supuestas maniobras en su contra emprendidas por la exmilitante socialista Leire Díez, el propio Pérez Dolset y el empresario Alejandro Hamlyn.