Marlaska defiende la actuación de la UCO, pero Sumar apunta que alguien “de dentro” filtra sus informes

El principal partido del Gobierno, el PSOE, defendiendo la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los últimos casos de corrupción. Su socio, Sumar, sembrando dudas. La comparecencia este miércoles en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado las diferentes visiones dentro del ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la labor de esta unidad del instituto armado en las investigaciones que afectan al Gobierno. Grande-Marlaska ha tildado el trabajo de los agentes de “profesional, comprometido e independiente”. “No han escuchado ni escucharán de este ministro del Interior una sola palabra que ponga en duda la valía, la profesionalidad y el honor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, ha dicho, antes de presumir de que, desde 2018, cuando el PSOE llegó al poder, el buque insignia del instituto armado contra la corrupción y el crimen organizado ha sido reforzado en personal y medios, en respuesta a las acusaciones de PP y Vox de que quiere descabezarla.

Por el contrario, el portavoz de Sumar en el debate, Enrique Santiago, ha apuntado contra la unidad policial al afirmar que la difusión en las últimas semanas en los medios de comunicación de los informes del llamado caso Koldo ―que tiene contra las cuerdas al exministro socialista José Luis Ábalos y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán― “solo puede haber salido de dentro de la propia UCO”. Santiago ha pedido al ministro que revise la cadena de custodia de algunos de estos documentos “para comprobar quién ha actuado con fines políticos traicionando sus obligaciones de deontológicas profesionales como policía judicial. […] Alguien va dosificando la información de la UCO que se publica siempre en clave política y de forma coordinada con las ofensivas del Partido Popular y Vox para deslegitimar al Gobierno y a la mayoría parlamentaria que lo sustenta”, ha añadido. La respuesta de Grande-Marlaska ha sido rotunda: “No me lo creo que [las filtraciones] procedan de la UCO”. El ministro ha rechazado, como le pedían Sumar y otros partidos del bloque de investidura, abrir una investigación. El motivo: evitar que se interprete como un intento de “inmiscuirse” en las pesquisas judiciales. En su segunda intervención, Santiago ya no ha incidido en sus sospechas.

La comparecencia de Grande-Marlaska sobre la unidad anticorrupción de la Guardia Civil ―y que se ha unido a otra sobre la actuación de su departamento durante el apagón del 28 de abril― se producía a petición del PP, que reclamaba al ministro explicaciones sobre una grabación en la que la militante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset intentaban convencer a un investigado por la Guardia Civil para que les facilitase información comprometedora contra uno de los mandos de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción encargado de los cuatro casos que afectan al Gobierno. El PP pedía saber si Interior había iniciado “actuaciones de oficio para proteger” a los mandos de esta unidad.

En su intervención, Grande-Marlaska ha calificado a la UCO como “una de las piezas clave del funcionamiento del Estado democrático y de Derecho en nuestro país” y recordado que, en sus 37 años de historia —fue creada durante los gobiernos socialistas de Felipe González—, ha realizado “una labor fundamental contra el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, la delincuencia económica o la cibercriminalidad, entre otros”. En la actualidad, agentes de esta unidad intervienen, además de en el caso Koldo, en las pesquisas del caso Begoña Gómez, en el que está imputada la esposa del presidente del Gobierno; la causa en la que se investiga la supuesta contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz y la que tiene en el foco al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz.

Como demostración de que se han reforzado “las capacidades operativas” de la UCO en los siete años de Gobierno de Sánchez, Grande-Marlaska ha destacado que sus efectivos han pasado de apenas 300 a más de 550, “casi duplicando la plantilla”, y ha anunciado que se va a ampliar en otros 150, además de resaltar que también se ha doblado su presupuesto respecto al último gobierno del PP. “Eso no es descabezar la UCO”, ha afirmado en respuesta a las acusaciones de PP y Vox.

Grande-Marlaska ha tildado de hipócritas las denuncias de interferencias hechas por los populares, a los que ha recordado en varias ocasiones la existencia de la llamada brigada política, el grupo de policías que durante la etapa de su correligionario Jorge Fernández Díaz presuntamente maniobró “para tapar los casos de corrupción del PP, destruir pruebas que los probaban”, ha dicho. El titular de Interior ha recordado que los presuntos integrantes de este grupo parapolicial, con el ministro a la cabeza, se sentarán en el banquillo de los acusados en 2026 por el llamado caso Kitchen. “En este país no ha habido mayor ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad que el que su partido perpetró, con Rajoy en la Moncloa y muchos de ustedes ocupando estos mismos escaños o en responsabilidades de Gobierno”, ha añadido en referencia a este caso.

La respuesta de la representante del PP, Ana Belén Vázquez, ha sido incidir en las acusaciones contra el Gobierno tanto por el supuesto trato a la UCO como por el caso de corrupción que implica a Ábalos y Cerdán utilizando para ello informaciones periodísticas, muchas de ellas no contrastadas. Así ha cargado contra el ministro y el gobierno por arremeter “vilmente” contra esta unidad con “brutales ataques y zancadillas” por hacer su trabajo. E, incluso, ha llegado a atribuir a Grande-Marlaska actuaciones delictivas al afirmar que ha mirado “para otro lado” y era un “colaborador necesario” de los casos de corrupción que afectan al PSOE. “No hay diferencia moral entre Víctor de Aldama [empresario y conseguidor en la trama del caso Koldo en la que está imputado] y usted”, ha añadido antes de espetarle que sacase “sus sucias manos de la Guardia Civil”.

También duro ha sido el tono empleado por el representante de Vox, Ignacio Gil Lázaro, que ha acusado al ministro de “mentir con petulancia, cinismo y desfachatez” y haber puesto en marcha una “campaña miserable” contra la Guardia Civil. Gil Lázaro ha recriminado al ministro y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, haber mantenido lo que ha tildado de “pasmoso, cobarde y cómplice silencio” ante las acusaciones que se habían lanzado desde diferentes ámbitos contra la UCO. La respuesta del ministro a ambos diputados ha sido acusarles de propagar “bulos y mentiras” sobre su relación con la UCO e insistir en que tanto él como la directora de la Guardia Civil ya han salido en defensa de esta en más de una decena de ocasiones.