El Gobierno y los alcaldes de Doñana sientan las bases para dignificar a los temporeros

El acuerdo de Doñana sirvió esencialmente para desenrocar la postura beligerante de los agricultores del entorno del Parque Natural y paralizar la ley de ampliación de regadíos impulsada por la Junta de Andalucía. La sustancia de ese pacto radica en las subvenciones para permutar tierras de cultivo y reducir la presión sobre el espacio protegido, pero también tiene una línea que pretende amparar a quienes han hecho posible la consolidación del modelo productivo agrícola de la zona: los temporeros. Precisamente, este miércoles se ha oficializado entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los 14 alcaldes del entorno de Doñana el protocolo para mejorar las condiciones de vida de estos jornaleros, muchos de ellos migrantes y con unas condiciones laborales, pero sobre todo humanas, muy precarias.

El marco de actuaciones recogidas en la línea 13 del acuerdo de Doñana incluye medidas específicamente orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población temporera, entre las que se encuentran los planes de inclusión social o el desarrollo de infraestructuras habitacionales para erradicar el chabolismo. El protocolo firmado esta mañana en Sevilla se centra en esas tareas de integración y apoyo a los jornaleros, pero también del resto de personas vulnerables y cuenta con seis millones de euros para este 2025 y otros 14 millones para los siguientes dos años. Este acuerdo sucede al suscrito el 3 de junio en Huelva entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y los alcaldes de Moguer, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera para mejorar las condiciones de habitabilidad de los trabajadores migrantes, cuya dotación total es de 10 millones -cinco para este año y otros cinco para 2021 y 2027-.

“Con el acuerdo se concilian los intereses de los 14 municipios y se sientan las bases para garantizar el respeto a los derechos humanos con la eliminación de los asentamientos, la estabilidad laboral y la económica de este territorio”, indica Gustavo Cuéllar, el alcalde de Moguer, presente en la firma del protocolo. El regidor destaca la importancia de que la administración central y la regional se hayan sumado a la búsqueda de una “solución global para atajar el problema del chabolismo y de otros colectivos vulnerables, que hasta ahora únicamente contaba con la implicación de las ONG, los sindicatos, la patronal y las entidades municipales.

“Lo que pretendemos es mejorar el servicio a los servicios sociales, rebajar la presión asistencial y crear mucho refuerzo de comunicad, que son cosas imprescindibles para que la gente se sienta mucho más acogida y tenga más posibilidades de inclusión”, ha explicado Elena Rodríguez, secretaria general de Inclusión. Este protocolo no se centra solo en los temporeros, sin duda las personas más vulnerables en el entorno de Doñana, sino también en el resto de población en riesgo de exclusión. Un colectivo cuyo número a efectos de precisar cuántos podrán beneficiarse de estos programas, no se ha calculado. “Depende de los Ayuntamientos y no todos tienen las mismas condiciones”, ha indicado la secretaria de Inclusión. La distribución de esos 20 millones en total entre los 14 consistorios se ha calculado en función de la población total, la tasa de población migrante y la de pobreza severa.

Ahora resta por concretar esa colaboración con cada gobierno municipal a través de las firmas de convenios bilaterales, un proceso que se espera que se cierre a final de este verano. A cambio de las ayudas, los Ayuntamientos deben presentar programas e iniciativas destinadas al impulso de la inclusión sociolaboral mediante itinerarios personalizados; al desarrollo de campañas de información y sensibilización destinadas a la población migrante y a los temporeros; a la prevención de situaciones de trata, explotación laboral o sexual y violencia machista; y a lo que en el acuerdo de Doñana se denomina como “normalización documental”, o lo que es lo mismo, el empadronamiento, la vía de acceso para que los migrantes puedan disfrutar de esa integración que se pretende con el protocolo.

Las dificultades administrativas que imponen los propios Ayuntamientos a la hora de conceder el padrón a los temporeros -sobre todo a los que viven en asentamientos- y que justifican en evitar el efecto llamada, o las cantidades exorbitadas de dinero que los migrantes tienen que pagar a las mafias para obtener ese certificado, son realidades que denuncian de manera constante todas las ONG y entidades que trabajan directamente con estos trabajadores. En la línea 13 del acuerdo marco se contempla promover vías para esa “normalización documental” a través de las distintas figuras del arraigo -social, laboral y para la formación- y apelando a la figura de la autorización por circunstancias excepcionales recogida en el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, pero son mecanismos que le corresponderá aplicar a cada municipio, al ser los competentes en esta gestión, precisan las fuentes del Gobierno.

Garantizar la vivienda

El sector de los frutos rojos emplea de manera directa en la provincia de Huelva a entre 80.000 y 100.000 personas, de acuerdo con los datos proporcionados por Interfresa, la patronal del ramo. De ellos, la mitad son españoles o extranjeros que residen en España, un 15% provienen de los programas de contratación en origen -18.000 este año, de acuerdo con los datos facilitados por el director general de Migraciones, Santiago Yerga-, fundamentalmente de origen marroquí, pero también de Guatemala, Honduras, Ecuador y Colombia, y el resto son trabajadores de estados miembros de la UE y un pequeño porcentaje de terceros países. En total generan el 8% del PIB de todo Andalucía, según la patronal.

La cultura empresarial y la desidia de las administraciones han normalizado en cierta medida la precariedad socioeconómica que rodea a los temporeros migrantes, de la que asentamientos chabolistas son su expresión más deshumanizadora, pero estos trabajadores son mucho más que mano de obra, se han convertido en vecinos de los municipios del entorno de Doñana y es a la adquisición de derechos y deberes a los que estas medidas van dirigidas. “El objetivo final es la erradicación de los asentamientos y con este protocolo se va a conseguir ayudar a ese objetivo”, ha indicado Yerga.

El protocolo firmado el 3 de junio en Huelva entre el Ministerio de Vivienda y los alcaldes de tres de los cuatro municipios onubenses donde hay asentamientos chabolistas, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena -se excluyó a Lepe porque los poblados de infraviviendas no se enclavan en el entorno del Parque Nacional- para mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de los temporeros, es un paso más en la progresiva concienciación de las administraciones públicas sobre la necesidad de acabar con la existencia de estos núcleos de población.

La colaboración con estos Ayuntamientos contempla el impulso de iniciativas de adquisición o rehabilitación de viviendas y la adecuación de espacios para su uso residencial, durante las campañas agrícolas. El acuerdo marco recoge también el desarrollo de una red de albergues-alojamientos y la instalación, a corto plazo, de módulos portátiles con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica, servicios de los que adolecen los asentamientos chabolistas.

En la actualidad, y gracias al protocolo firmado entre el Gobierno, la Junta y el ayuntamiento de Lepe y Moguer, está en funcionamiento el nuevo albergue municipal de Lepe y se está construyendo otro en Moguer. Y fruto de la colaboración entre el Gobierno andaluz y Lucena del Puerto, también se está trabajando en la apertura de orto albergue con capacidad para 36 personas. Una cantidad, que tal y como denuncian las ONG, es insuficiente para dar cabida a los 400 migrantes -que se multiplican en las épocas álgidas de las campañas- que se distribuyen en 15 asentamientos. “Todas las iniciativas son buenas, pero son insuficientes porque la población flotante es muy alta”, advierte Emma González, miembro del equipo de Huelva Acoge. Es lo que ha pasado en Lepe donde sus dos albergues, el que gestionan exclusivamente los temporeros, y el abierto recientemente, no han sido suficientes para dar cobijo a todos los jornaleros y este año, de nuevo, se ha vuelto a ver a migrantes durmiendo a la intemperie.