Los últimos identificados en las criptas de Cuelgamuros son un falangista y un joven localizado por el ADN de su hermana fallecida

Dos años después de que un grupo de forenses entrara en las criptas del Valle de Cuelgamuros, antes conocido como de los Caídos, para tratar de localizar los restos de víctimas allí enterradas, en muchos casos sin el consentimiento de sus familias, el equipo ha logrado identificar recuperar a 31 víctimas e identificado genéticamente a 18 de ellos. Los casos más recientes corresponden a Constancio Allende, jornalero burgalés que combatía en la primera centuria de Falange de Álava cuando falleció en la Guerra Civil, y a Luis Domenech, un tejero zaragozano afiliado a la UGT que fue asesinado cuando tenía 25 años, en agosto de 1936, por un grupo de falangistas. Para identificar los restos de este último se tomó, previa autorización, una muestra de ADN de su hermana fallecida, enterrada en el cementerio de Alagón (Zaragoza). Hasta 199 familias ha solicitado al Gobierno recuperar los restos de parientes enterrados en el antiguo mausoleo franquista.

“Nosotros no hacemos sectarismo”, ha asegurado este lunes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que comunicó la identificación de los restos del falangista a sus familiares. “La ley da respuesta, reparación y dignidad a todas las víctimas”, ha añadido.

El proceso no ha sido fácil, como recuerda Francisco Etxeberria, antropólogo forense que coordina los trabajos en el interior de las criptas, y aún quedan meses de tarea por delante. En 2021, cuando entregó al Gobierno el plan de intervención en el mausoleo, aseguró, en conversación con este periódico, que era “un reto forense sin precedentes”. Hoy, sin embargo, subraya que las mayores dificultades han sido externas, por la catarata de recursos presentados por grupos franquistas y antimemomorialistas contra la intervención y las medidas cautelares impuestas por algunos juzgados que ralentizaron el procedimiento. “Ese asunto se despejó el pasado abril, pero nos hizo perder mucho tiempo”, recuerda el forense, refiriéndose a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de desestimar los recursos presentados y dar luz verde a las exhumaciones en Cuelgamuros. El equipo de trabajo incluye a personal de la Universidad de Granada, la de Barcelona, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de la Policía Científica. En total, más de 20 personas, entre historiadores, antropólogos, genetistas, odontólogos... Hasta la fecha, 155 familiares de víctimas enterradas en Cuelgamuros han visitado el Valle, donde los forenses han respondido a sus preguntas sobre el proceso.

El equipo ha localizado ya 36 cajas correspondientes a reclamaciones hechas por familiares y que albergan los restos de unas 470 víctimas, entre ellas, los hermanos Lapeña, procedentes de Calatayud. En este caso, el hijo y sobrino de los fallecidos, Manuel Lapeña, obtuvo en 2016 una sentencia favorable a la exhumación de las criptas, pero falleció en 2021, a los 97 años, sin que hubiese llegado a ejecutarse. Entre los restos que ya han sido localizados y entregados para que fueran reinhumados en sus pueblos de origen figuran 17 vecinos de Magallón (Zaragoza), entre ellos su alcalde republicano, y otros 12 de Aldeaseca (Ávila), entre ellos, el padre de Fausto Canales, que batalló durante 20 años con la Administración para sacarlo de Cuelgamuros.

Para alimentar las criptas del monumento que Franco ideó para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil, y ante la negativa de viudas del bando nacional a trasladar los restos al mausoleo, el Régimen recurrió a partir de finales de los años cincuenta, a “fosas de rojos”. Sin el conocimiento de sus familiares, abrieron decenas de enterramientos clandestinos y trasladaron los cadáveres al Valle de los Caídos, que alberga a unas 33.800 víctimas, el equivalente a la ciudad de Teruel.

El Gobierno anunció el pasado marzo un concurso internacional de ideas para resignificar todo el complejo. Tras negociar durante meses con la Iglesia, finalmente, en contra de su criterio de los últimos cinco años, aceptó que la comunidad benedictina permanezca en el Valle. El proyecto de resignificación cuenta con un presupuesto de 30,5 millones de euros.