La Fiscalía recurre la causa contra el fiscal general y advierte que la instrucción no ha tenido “garantías procesales ni constitucionales”

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso en el que, escudada por las publicaciones de la prensa, la declaraciones de los testigos y un informe de la UCO, pide el archivo de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El documento, firmado este viernes, señala que, antes de que García Ortiz tuviera acceso a los correos donde la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso admitía dos delitos fiscales y proponía a la fiscalía un acuerdo de conformidad, “una pluralidad de personas” conocieron su contenido y, en algunos casos, tuvieron acceso a dichos mails. Por ello, si García Ortiz tuvo en su poder los correos después de que otras personas lo conocieran, entre ellos varios periodistas, no puede ser investigado por un delito de revelación de secretos, si se tiene en cuenta la jurisprudencia sentada por el alto tribunal en la sentencia 866/2008: “Cuando se revela un secreto, y más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo”. Del mismo modo, la Fiscalía del Supremo carga contra el juez instructor, Ángel Hurtado, por concluir en su auto “sin ningún sustrato probatorio” que Presidencia ordenó al fiscal general filtrar a los medios la información de la pareja de Díaz Ayuso.

El escrito adjunta una conversación del grupo WhatsApp de los periodistas de tribunales del medio de comunicación La Sexta que evidencia que el canal de televisión tuvo en su poder la información sobre la pareja de Díaz ayuso a las 21.54 horas del 13 de marzo de 2024, cinco minutos antes de que los mails de Alberto González Amador llegasen a manos del fiscal general. “Esta divulgación es omitida por el Instructor en el auto de 9 de junio de 2025, que ahora se recurre, señalándose como primera filtración la publicada por la cadena Ser a las 23:24 horas y a la 23:51 horas”, según consta en el recurso.

Hurtado se ha aferrado hasta ahora a que García Ortiz filtró los correos al periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos, a pesar de que en la declaración del reportero como testigo en la causa lo negó tajantemente. El instructor también ha pasado por alto las declaraciones de los cuatro periodistas de EL PAÍS de que, 31 horas antes de que lo conociera García Ortiz, tuvieron noticia de que Alberto González Amador negociaba con la Fiscalía un pacto de conformidad en el que reconocía sus delitos fiscales. Los argumentos de Hurtado para no considerar estos testimonios son que no aportan suficientes pruebas.

La fiscalía argumenta en su recurso que los correos habían sido remitidos también a la Abogacía del Estado ese día, según admitió ante Hurtado el abogado de González Amador, y a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra de Inés. Lo que, según la Fiscalía del Supremo, rechaza el argumento de que la filtración a los periodistas solo podría haber llegado por dos canales: el fiscal general y el abogado de la pareja de Díaz Ayuso.

En esta línea, el recurso apunta del informe de la UCO, que constata que “el contenido de dicho correo era conocido bastante antes de que se divulgase por la Cadena SER, por otras personas y que la investigación por ellos llevada a cabo no había posibilitado obtener ninguna prueba sobre que la filtración hubiese partido del fiscal general del Estado”.

Del mismo modo, el documento señala que García Ortiz y María Pilar Rodríguez, acordasen conjuntamente filtrar dicha información a los medios. En cuanto a la nota de prensa que la fiscalía publicó el día siguiente de conocerse los correos —que el Tribunal Supremo descartó investigar, pero a la que alude extensamente Hurtado en el auto de este lunes— afirma que asunto era de “indudable relevancia”, ya que trataba de desmentir “informaciones demostradas como falsas que imputaban a la institución una actuación anómala por motivos políticos” de la Fiscalía.

El recurso también advierte que la acusación sostenida por Hurtado de que García Ortiz y Pilar Rodríguez siguieron “indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno” no aparece “en ninguna de las múltiples resoluciones y actos procesales existentes en la causa”, “que ninguna prueba se ha propuesto para acreditar o desvirtuar tal extremo”, ni tampoco se ha preguntado “a los investigados ni se les haya informado de tal imputación que se introduce ex novo en el auto que se recurre”. El texto arremete contra Hurtado señalando que “los hechos objeto de imputación varían de un día para otro en las resoluciones del instructor” y concluye que “la instrucción de la causa no se ha acomodado a las garantías procesales ni constitucionales que deben presidirla”.

La causa contra el fiscal general se remonta a algo más de un año, cuando eldiario.es publicó el 12 de marzo un primer reportaje en el que revelaba que Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso, había defraudado 350.951 euros. La publicación desató una tormenta mediática desde primera hora de la mañana, y por la tarde la información de que González Amador había confesado los delitos a cambio de una rebaja de la condena llegó a algunas redacciones. El Mundo difundió a las 21.29 un artículo que sostenía que la fiscalía ofrecía un acuerdo a González Amador ―resultó ser justo al contrario— a cambio de la admisión de dos delitos para reducir la pena de cárcel.

Entre las 21.43 y las 21.59 el fiscal general reclamó a sus subordinados y consiguió los correos del abogado al fiscal. A partir de las 22.10, los medios empezaron a desmentir la información de El Mundo y los bulos del Gobierno de Díaz Ayuso. Pero su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, difunde otro: que “la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”. Esto es lo que lleva al día siguiente a la Fiscalía a publicar una nota de prensa para desmentirlo, lo que días después desemboca en la causa contra el fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid.