Vivir explotados en el campo y pagar siete euros al día para que te lleven a trabajar

El colmo de ser explotado mientras se trabaja en el campo, se duerme en habitaciones con colchones tirados en el suelo o se comparte un solo baño con 23 personas, es tener que pagar por ello. Por ejemplo, 100 euros mensuales por el empleo y otros siete euros al día para que te lleven hasta el trabajo. Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que se había asentado en la provincia de Zaragoza y que se aprovechaba de la vulnerabilidad de migrantes de Nepal, Pakistán en India para explotarles y encima quedarse con una parte de su ya precario salario. Los agentes han liberado a 45 personas que eran explotadas en fincas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.

La organización, formada por ciudadanos de origen pakistaní y argentino, engañaba a los migrantes con falsas promesas de trabajo digno en España y les alojaba en viviendas en condiciones insalubres, vigilados y sin documentación. “Trabajaban en largas jornadas de sol a sol, con salarios inferiores al permitido legalmente, sin contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social”, aseguran fuentes policiales. En los casos en los que los empresarios reclamaban la documentación de los temporeros para darles de alta de manera legal en sus fincas, les entregaban documentación de otras personas para realizar el trámite administrativo de manera fraudulenta, algo que les permitía simular una situación laboral regular, añaden las mismas fuentes.

Hay nueve personas detenidas en las provincias de Zaragoza (3), Ávila (3), Cáceres (2) y Barcelona (1). Entre ellos están los líderes de la organización, tres personas de entre 30 y 45 años que han ingresado en prisión provisional por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Los tres líderes tenían una división de tareas, de forma que uno se encargaba de encontrar las empresas agroalimentarias que necesitaban trabajadores, otro de traer a personas en situación de vulnerabilidad de sus países y el tercero de darles alojamiento y controlarles para que no se produjeran chivatazos, señalan fuentes conocedoras de la investigación.

Comienzo en Ávila

La investigación policial se inició en julio de 2024 cuando se detectó a varias temporeras de origen asiático que vivían en una nave de una empresa de alimentación en Candeleda (5.031 habitantes, Ávila). Detuvieron al encargado de la custodia de las mujeres y dos personas de la empresa que conocían y se aprovechaban de la situación de las víctimas, detalla este viernes un comunicado de Guardia Civil y Policía Nacional.

Estas diligencias policiales terminaron uniéndose a otro hallazgo, días antes, de siete trabajadores nepalíes que estaban siendo explotados en una finca de Valverde de la Vera (448 habitantes, Cáceres). Trabajaban con documentación falsificada y vivían en condiciones deplorables, incluso de mendicidad, señalan las fuentes policiales.

Las pesquisas condujeron a los miembros del grupo encargados de captar y explotar a los ciudadanos nepalíes, que se habían asentado en Aragón. En Caspe (10.000 habitantes, Zaragoza) fueron detenidos tres miembros de la red criminal, incluidos los dos principales cabecillas, y liberaron a 24 migrantes hacinados en una misma vivienda. Los investigadores han realizado cuatro registros en los que se ha intervenido material informático y abundante documentación.