Archivada la investigación sobre los supuestos gastos irregulares en la asociación de guardias civiles Jucil

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de León, Beatriz Serrano, ha dictado una providencia por la que confirma el sobreseimiento provisional de la investigación abierta sobre la supuesta existencia de gastos irregulares en Justicia para la Guardia Civil (Jucil, la asociación mayoritaria entre los agentes del instituto armado). Cinco dirigentes críticos habían denunciado al secretario general, Ernesto Vilariño, por el presunto “uso indebido de los fondos de la asociación” para cubrir gastos personales como comidas en restaurantes y alojamientos en hoteles. Ahora, la magistrada concluye que, tras estudiar el informe que solicitó al responsable de finanzas de la asociación, no se aprecian “indicios suficientes para calificar como delito los hechos denunciados”. La decisión supone una victoria para la actual dirección de Jucil en una guerra interna en el que ambas partes se han cruzado demandas y querellas en los juzgados.

La providencia de la juez, fechada el pasado 19 de mayo y conocida este miércoles, considera que los gastos bajo sospecha ―la denuncia citaba algo más de 500 euros en un viaje a Sevilla o el pago de 20 euros en una joyería, entre otros― “fueron debidamente justificados mediante la correspondiente documentación acreditativa y que las incidencias detectadas fueron corregidas, restituyendo cualquier importe que, por error, pudiera haber sido mal imputado”. En su resolución, la magistrada también destaca que aquellas cantidades bajo sospecha fueron “sometidos a examen y aprobados mediante las correspondientes Asambleas Generales Ordinarias de socios, en las que parte de los propios denunciantes estuvieron presentes sin manifestar objeción alguna a la aprobación de las cuentas ni a la justificación de los gastos presentados”. La providencia no es firme y admite recurso.

La investigación ahora archivada se inscribe en una guerra interna declarada en el seno de Jucil. El estallido de la crisis se viene gestando desde hace casi un año, pero se agudizó tras la dimisión a finales de noviembre del que fuera secretario de comunicación y rostro de la asociación ante los medios de comunicación, Agustín Leal, supuestamente por presiones de sus compañeros de la ejecutiva. A la salida de Leal le siguió la también dimisión del coordinador general de la asociación en Canarias y los ceses de algunos dirigentes provinciales críticos con la gestión de la directiva. Todo ello desembocó el pasado 3 de febrero en la difusión, por parte de los críticos, de una carta a los asociados en los que, además de supuestas irregularidades contables, denunciaban la supuesta politización en la actual dirección de Jucil..

A partir de ese momento se han sucedido las denuncias cruzadas. El pasado 24 de abril, otra jueza de León dio la razón a los críticos y ordenó el restablecimiento inmediato de sus derechos como asociados y la restitución cautelar en sus puestos ―varios eran delegados provinciales― mientras se resolvían los expedientes internos que les abrió el Comité Ejecutivo Nacional tras hacer públicas sus quejas.

Las discrepancias han aflorado en un momento clave, a menos de un año de las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, el órgano de negociación con el Ministerio del Interior, que se celebran a finales de este año. Jucil ganó en octubre de 2020, la primera vez que concurría, los anteriores comicios con 15.070 votos―principalmente en las escalas de cabos y guardias― y, con ellos, se hizo con seis de los 16 puestos reservados a la representación de los agentes en este órgano.