La Audiencia teme que el jefe de la UDEF que emparedó millones huya si queda libre

La Audiencia Nacional teme que Óscar Sánchez, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detenido el pasado noviembre con más de 20 millones de euros en efectivo en su poder (varios de ellos, emparedados en su casa), huya si queda en libertad. La Sala de lo Penal ha confirmado esta semana la decisión del juez instructor Francisco de Jorge de enviarlo a prisión provisional tras su arresto. “El riesgo de sustracción a la acción de la Justicia resulta evidente”, escriben los magistrados del tribunal en una resolución fechada este miércoles, donde añaden: “Su supuesta integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero que parece manejar posibilitarían su desplazamiento al extranjero o su ocultación en España”.

El presunto agente corrupto vivía como un discreto funcionario de clase media acomodada. Casado y con dos hijos, residía en un chalé pareado en una zona residencial en el pueblo de Villalbilla, a unos kilómetros de la capital, adonde se desplazaba para trabajar en su despacho de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. No llamaba la atención, ni hacía ostentación de coches caros. Sus compañeros del Cuerpo lo describen como un personaje distante, soso y reservado; al que la prensa ha bautizado con el apodo de El Anodino.

Sin embargo, una investigación de Asuntos Internos, de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (Udyco), de la Fiscalía Antidroga y de la Audiencia Nacional ha desvelado lo que escondía. Según el sumario, Sánchez trabajaba para la banda de Ignacio Torán, un supuesto capo de la cocaína asentado en España y especializado en la importación de cargamentos de estupefacientes desde Sudamérica. Los agentes sospechan que Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, considerado como uno de los narcotraficantes españoles más “poderosos” del mundo y en paradero desconocido, también formaba parte de ese entramado. De hecho, el juez De Jorge dictó este martes una orden de busca y captura contra Salgado Vega.

Las pesquisas señalan que el inspector jefe había ideado un modus operandi para ofrecer chivatazos y protección a sus socios a cambio de brutales mordidas. Después, urdió una supuesta maraña de empresas para blanquear la ingente cantidad de dinero que ganaba. Tanto que no daba abasto para lavarlo. Y, cuando lo detuvieron, los agentes hallaron en su poder más de 20 millones de euros: la mayor parte oculta en su domicilio, pero también en su despacho de la Jefatura y en su segunda residencia de Denia (Alicante).

“El hallazgo de cantidades extraordinariamente altas de dinero en efectivo [...] constituyen prueba de la actividad delictiva y de los pagos recibidos”, recalca la Sala de lo Penal, que rechaza el recurso presentado por Sánchez para tratar de quedar en libertad. Los magistrados inciden en que se hallaron enormes cantidades de dinero en su domicilio: “Escondidas en dobles fondos en techos, paredes, compartimentos ocultos ad hoc en la estructura del edificio (cajas fuertes, jardín exterior, etc.)”.

La cantidad de dinero localizada en su casa era tan grande que la funcionaria de Justicia informó al juez de que resultaba “imposible proceder al recuento durante el registro”; por lo que se decidió precintarlo y llevarlo hasta el complejo policial de Canillas para proceder días más tarde al cómputo final. Según la Sala de lo Penal, el hallazgo de dichos importes en metálico “parece confirmar” las acusaciones: “Las citadas cantidades [...] difícilmente pueden corresponder a la percepción de su retribución como funcionario. Su ocultación es indicio de un origen ilícito”.

La defensa de Óscar Sánchez presentó un recurso contra su encarcelamiento y alegó que su situación era similar a la de Ignacio Torán, que quedó en libertad al entenderse que se vulneraron sus derechos, ya que el magistrado instructor no facilitó a su abogado los “elementos esenciales” de las acusaciones que constaban contra él debido a que la causa se encontraba entonces bajo secreto de sumario.

Sin embargo, la Sala subraya que eso no ocurre en el caso del inspector jefe. “[Cuando] se había alzado el secreto para casi la totalidad de la causa, se acordó celebrar nueva comparecencia para que la defensa de Óscar Sánchez, una vez que hubiera tenido acceso a las actuaciones, pudiera formular alegaciones”, afirma el tribunal, que remacha: “Garantizado así el acceso a la mayor parte de las actuaciones, en modo alguno puede considerarse que no se le permitió el acceso a los elementos necesarios para el pronunciamiento sobre la situación personal del investigado y para recurrir la prisión provisional”.