Interior cede a la presión del sector turístico sobre el registro de viajeros y no exigirá por ahora más datos

El Ministerio del Interior ha aplicado el freno este viernes al nuevo registro de viajeros que entrará en vigor el próximo 2 de diciembre y que pide a hoteles y plataformas de viajes recabar más datos sobre sus huéspedes. Tras una reunión con representantes del sector hotelero y de las agencias turísticas, el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha anunciado que la puesta en marcha de esa medida se mantiene para ese día, pero que por ahora no se exigirán datos adicionales a los que ya se vienen requiriendo habitualmente a los viajeros. El anuncio supone un punto medio entre lo que reclamaba el sector turístico y lo que en principio iba a exigir Interior.

Con esta decisión, a partir del 2 de diciembre los hoteles, las agencias de viajes y las compañías de alquiler de vehículos deberán cargar a la aplicación que habilitó Interior para ello “aquellos datos que ya recaben”, si es que están incluidos en el catálogo que aparece en el Real Decreto 933 de 2021, que creó el registro de viajeros y que contempla 42 datos sobre los huéspedes. Eso deja por fuera el bloque que ha suscitado mayores cuestionamientos, el referido a “datos de la transacción”, que incluía fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida, medio de pago, tipo de tarjeta, número de la tarjeta, IBAN de la cuenta bancaria, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha del pago. También el punto sobre el parentesco entre los viajeros cuando hay menores de edad. Para esos datos, el Ministerio de Interior ha confirmado que elaborará más adelante una orden ministerial “en diálogo con los representantes del sector”.

El sector turístico, por su parte, ha salido dividido de la reunión, que encabezó la Secretaría de Estado de Seguridad. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), por una parte, ha destacado en un comunicado que ahora hay “un compromiso unánime de mantener una colaboración estrecha entre los sectores implicados y las autoridades competentes” para un registro de viajeros que proteja los intereses del sector turístico y la confianza de visitantes y ciudadanos. Por otra parte, han sido las agencias de viajes ―representadas por Acave, Fetave y UNAV― las que han valorado “muy negativamente” el resultado del encuentro. Para ellas, “se han ignorado todos los riesgos expuestos por el sector”, que abrirían un “escenario crítico”.

El principal argumento hasta ahora contra el nuevo registro de viajeros es que invade la privacidad de los usuarios, impone cargas desproporcionadas a los hoteles y las plataformas a la hora de recopilar datos sensibles sobre los turistas, además de generar más carga de trabajo y ralentizar la cadena de atención. Acave, Fetave y UNAV han insistido en su comunicado en que esos requerimientos supondrían una “sobrecarga administrativa excesiva” en especial para las pequeñas y medianas empresas. Por eso, esas patronales han anunciado que iniciarán una campaña informativa y de movilización dirigida a las propias agencias sobre el impacto del nuevo registro.

Apenas el martes pasado, Grande-Marlaska había defendido en una rueda de prensa ese registro de viajeros y había sostenido que en la elaboración del Real Decreto que lo creó se valoró en profundidad “el derecho a la intimidad, a la privacidad, pero también la necesidad de proteger la seguridad del conjunto de los ciudadanos”. Además, que el Real Decreto pasó todos los controles pertinentes, incluido el del Consejo de Estado, “donde no se hizo ninguna observación” y que la norma no ha sido impugnada. Dijo también que en el periodo de adaptación a la nueva norma desde que se aprobó en 2021 su ministerio ha hecho “una labor de coordinación con los ministerios competentes al respecto”.