El Constitucional anuncia que dará prioridad a los recursos de los ERE que tengan pena de prisión

El Tribunal Constitucional ha anunciado este jueves que resolverá a lo largo del próximo mes de julio todos los recursos presentados contra las sentencias del caso de los ERE. El alto tribunal retomará en su próximo pleno el examen y resolución de las impugnaciones presentadas contra dichos fallos tras haber inadmitido esta semana el del exconsejero de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, y haber avalado parcialmente el de la exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez. El Constitucional también ha informado, a través de un comunicado, que para las siguientes sentencias dará prioridad a los recursos presentados de aquellos condenados en los ERE a pena de prisión.

Por tanto, en el próximo pleno, señalado para 2 de julio, se va a deliberar sobre los recursos de amparo correspondientes al los exconsejeros y exaltos cargos de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo Serrano, Antonio Fernández García, Jesús María Rodríguez Román, Miguel Ángel Serrano Aguilar y Carmen Martínez Aguayo. Se trata de impugnaciones presentadas por todos aquellos que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla —y cuya sentencia fue confirmada luego por el Tribunal Supremo—, a penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación. El concurso medial existe cuando un delito se convierte en necesario para la comisión de otro ilícito penal.

Para el siguiente pleno del alto tribunal, que será convocado para el 16 de julio, quedará por resolver el análisis y resolución de las impugnaciones presentadas por el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, y los de Gaspar Zarrías y Antonio Vicente Lozano, cuyo común denominador fue que se les condenó por delitos de prevaricación, e incluyen penas de inhabilitación, no de prisión.

Se estudiarán asimismo en ese segundo pleno las demandas de amparo presentadas por el también expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y por Juan Márquez Contreras, exdirector general de Trabajo, condenados por delitos de prevaricación y malversación. Griñán fue condenado a seis años de cárcel, pero no ha ingresado en prisión. Un informe forense lo desaconsejó por el tratamiento que recibe por el cáncer de próstata que padece.

La resolución de Magdalena Álvarez.

El Constitucional concedió este miércoles amparo parcial a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra del PSOE Magdalena Álvarez, condenada en 2019 a nueve años de inhabilitación por el fraude de los ERE. El tribunal, por siete votos a cuatro, estimó que la Audiencia de Sevilla debe redactar una nueva sentencia que reduzca sustancialmente la condena que fue impuesta a Álvarez, en virtud de una distinta interpretación de la comisión del delito de prevaricación. El PP calificó el fallo de “escándalo” e “indulto por la puerta de atrás”.

El fallo del Constitucional, según señalaron fuentes del tribunal, considera que han sido vulnerados derechos fundamentales de la exconsejera socialista porque la Audiencia y el Supremo hicieron una interpretación demasiado extensiva del delito de prevaricación, aplicándolo, incorrectamente, a los proyectos de ley de Presupuestos. Según el órgano de garantías, los proyectos de ley no son resoluciones “administrativas” sino legislativas, y no están sometidos “a juicio de legalidad” (donde entra en juego la prevaricación) sino solo de constitucionalidad.