Defensa vende los cuarteles del Ejército a San Sebastián por 73 millones

El Ayuntamiento de San Sebastián y el Ministerio de Defensa han alcanzado un acuerdo para la adquisición de los cuarteles militares de Loiola por un montante total de 73,3 millones de euros. El destacamento tendrá cuatro años para abandonar su actual emplazamiento, donde el Consistorio tiene previsto construir un polígono residencial de entre 1.500 y 1.700 viviendas y nuevos equipamientos públicos. Es un logro “histórico”, ha destacado este martes el alcalde, Eneko Goia (PNV). La firma del acuerdo de compraventa se formalizará a finales de este año o a principios de 2023.

El Consistorio donostiarra llevaba varias décadas tratando de apropiarse del solar de los cuarteles de Loiola, una parcela de unas 20 hectáreas de extensión junto al río Urumea que el actual Gobierno central estaba dispuesto a ceder a cambio de una compensación económica y la mudanza del acuartelamiento a unos terrenos próximos. El Gobierno de España, desde la época en que José Bono era el titular de Defensa, se venía negando a ceder los cuarteles porque estas instalaciones, han insistido todos los ministros del ramo, son “necesarias para la defensa nacional”. Sin embargo, a finales de 2020 la situación logró desbloquearse tras la conquista que el PNV alcanzó en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio siguiente.

El plan inicial del Ayuntamiento de San Sebastián consistía en el derribo de los cuarteles para levantar en su lugar unas 2.000 viviendas, tanto libres como de protección oficial. Esta operación se vino abajo tras prosperar en los tribunales un recurso contra la demolición del acuartelamiento. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en un fallo conocido en julio pasado, aceptó parcialmente un recurso presentado por Vox y ordenó incluir las instalaciones militares de Loiola como edificios protegidos. La sentencia está recurrida por el Consistorio donostiarra ante el Tribunal Supremo.

El acuerdo alcanzado con Defensa prevé que el futuro desarrollo urbanístico no afecte a los dos edificios principales de los cuarteles (Infanta María Teresa y Princesa Mercedes) “para no asumir riesgos” en previsión de que los tribunales rechacen definitivamente su derribo. Además de estos dos edificios, ambos situados frente al río, también se mantendrán la residencia militar y un edificio de viviendas en alquiler que gestiona el ministerio. Este será el último que se adquirirá para permitir que el Gobierno central pueda gestionar la reubicación de sus inquilinos.