La batalla por los 65 millones que Juan Carlos I donó a Corinna Larsen

La batalla en la sombra que Corinna Larsen y Juan Carlos I mantienen desde 2012 ha aflorado en la demanda presentada por la consultora alemana ante el Alto Tribunal de Justicia británico (High Court of Justice). El enfrentamiento se centra en los 65 millones de euros que el rey de Arabia Saudí Abdalá Bin Abdulaziz (fallecido en 2015) entregó el 8 de agosto de 2008 al entonces jefe del Estado español en su cuenta oculta de la fundación panameña Lucum, en el banco Mirabaud de Ginebra.

En el escrito de 20 folios, la expareja del rey emérito afirma que este le exigió la devolución “o puesta a disposición” del dinero, que Juan Carlos I le había donado de forma “irrevocable” en junio de 2012. Tras el escándalo de la cacería de elefantes en Botsuana, donde el monarca se rompió la cadera, los socios de Mirabaud pidieron al gestor externo de la cuenta, Arturo Fasana, que la cancelara por el daño reputacional que podría provocar a la entidad si trascendía el dinero que ocultaba el entonces jefe del Estado. Juan Carlos I donó, entonces, los 65 millones a Corinna Larsen y los transfirió a una cuenta de una sociedad panameña de esta última en el banco Gonet de Nassau, Bahamas, un paraíso fiscal. En aquel momento, la relación entre ambos era de absoluta complicidad.

Cuando la pareja se rompió se inició una batalla que todavía no ha terminado y cuya exposición más cruda es esta demanda presentada por los abogados de Larsen en Londres, en diciembre de 2020. La consultora afirma en su denuncia que cuando se negó a devolver el dinero el rey emérito “la difamó” al asegurar que ella le había robado. Y añade que este comunicó el presunto hurto al rey de Arabia Saudí Salmán Bin Abdulaziz, y al príncipe heredero de la corona saudí.

El supuesto acoso (harassment en inglés) tuvo lugar, según Larsen, tras su negativa a reintegrar el dinero. A partir de entonces, se produjo “un seguimiento abierto y encubierto”, del que se responsabiliza a Juan Carlos I, de su vida en Londres, donde reside, y en Montecarlo, donde tiene una casa. Sus pasos presuntamente fueron registrados por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La demanda señala al general Félix Sanz Roldán, entonces responsable del servicio secreto, y le atribuye la responsabilidad de unas supuestas amenazas que él niega.

Sanz Roldán ha reconocido que viajó en mayo de 2012 a Londres para entrevistarse con Larsen en el hotel de lujo The Connaught, donde ella residía temporalmente. El jefe del servicio secreto lo hizo semanas después del accidente que sufrió el monarca en Botsuana, con autorización del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con conocimiento de Juan Carlos I. En aquel encuentro, Sanz Roldán le dijo a Larsen que ella “tenía sobre sus hombros la responsabilidad de 45 millones de españoles”, en alusión a la necesidad de preservar la estabilidad institucional ante la sucesión en la Corona, según fuentes conocedoras de la reunión. En aquella época, Juan Carlos I estaba decidido a divorciarse y a casarse con ella. La versión de esta última es diferente: afirma que se sintió intimidada y amenazada.

El CNI ya había investigado antes a la consultora por orden del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo ante el riesgo de que la persona que convivía con el entonces Rey tuviera relaciones con personalidades del Gobierno de Vladímir Putin, según fuentes cercanas al servicio secreto español. La nota del CNI concluyó que no había nadie más tras la amante de Juan Carlos I. “Lo que sí había era un proyecto de vida juntos, que se truncó desde el escándalo de Botsuana. Los 65 millones, los apartamentos en la estación de esquí suiza de Villars-sur-Ollon y la casa en Londres eran parte de ese plan”, afirma una persona cercana al rey emérito.

“¿Por qué le entregó Juan Carlos I esos 65 millones?”, preguntó el fiscal Yves Bertossa a Larsen durante la investigación por blanqueo de capitales que finalmente archivó. “Me ofreció ese dinero por gratitud y por amor”, respondió. “En 2012 nuestra cliente recibió un regalo no solicitado del rey emérito, quien lo describió como una forma de donación para ella y para su hijo, con los cuales se había encariñado. Había pasado varios años de mala salud, durante los cuales nuestra cliente lo cuidó”, justificó su abogado, Robin Ratmell, a EL PAÍS cuando este diario reveló, en 2020, la existencia de la donación.

Larsen pide en su demanda una orden judicial que impida a Juan Carlos I comunicarse con ella, seguirla, difamarla o acercarse a una distancia inferior a 150 metros. Y exige una compensación, que no cuantifica, por daños y perjuicios. Fuentes cercanas al rey emérito niegan todas las acusaciones que recoge la demanda.