Argelia, otro socio clave para frenar la inmigración irregular

El apoyo declarado por España al plan de autonomía para el Sáhara Occidental propuesto por Marruecos tras 47 años de aparente neutralidad ha abierto un nuevo frente con Argelia, principal valedora de los intereses de los saharauis. El suministro de gas que proporciona Argel es el dossier más relevante en la crisis diplomática que se avecina y que arrancó este sábado con la llamada a consultas del embajador argelino. Pero las relaciones con Argelia van más allá y la inmigración irregular, así como ocurre con Marruecos, es una pieza fundamental en la cooperación de ambos países.

La ruta argelina, tradicionalmente minoritaria, comenzó a experimentar un auge en 2019 que ha acabado por consolidarla como la segunda vía para la entrada irregular a España, después de la canaria. El cambio coincidió con el mayor control que implementó Marruecos en el norte del país, por donde emigraba un buen porcentaje de argelinos. También con la degradación de la crisis política y económica de Argelia, así como la represión contra los manifestantes que se oponen al régimen. En estos años, se han alcanzado cifras nunca vistas de argelinos llegando a Almería, Murcia, Alicante y Baleares en lanchas con potentes motores.

En 2020, desembarcaron en costas españolas casi 11.500 argelinos, la segunda nacionalidad más numerosa después de los 15.342 marroquíes, que constan en los datos de la Policía Nacional a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El año pasado, hasta principios de diciembre, se habían alcanzado ya las 8.500 llegadas, frente a las 8.900 de los marroquíes, según un informe reservado que elabora la Comisión Europea sobre flujos migratorios.

Argel, no obstante, presenta diferencias respecto a Rabat en su forma de cooperar. Las autoridades argelinas, por ejemplo, no exigen dinero como contrapartida a su lucha contra la inmigración irregular. “Es una cuestión de principios. No podemos monetizar la vida humana. Podemos cooperar en la seguridad, pero no por dinero”, aseguraba a EL PAÍS una fuente diplomática argelina. Lo hacía a finales de 2020 cuando, coincidiendo con el repunte de pateras en las islas Canarias, se consolidaba el auge de la ruta argelina con miles de llegadas.

Argelia, además, no ha usado la inmigración como medida de presión como sí lo ha hecho Marruecos. “Tenemos una excelente cooperación en este ámbito. Argelia, además, siempre aceptó la repatriación de sus nacionales”, defendía esta fuente diplomática que recordaba, además, la enorme presión migratoria propia que tiene su país como región de destino y tránsito de decenas de miles de inmigrantes. Sus prácticas para forzar retornos de inmigrantes irregulares fuera de su territorio también son criticadas por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

No es solo una cuestión de buena voluntad. El Gobierno argelino es blanco de críticas por la emigración de sus jóvenes y ahora lo es mucho más porque el perfil de los que se marchan ya no es solo el de chavales sino también el de familias con niños.

Los agentes españoles también elogian la colaboración en alta mar para interceptar pateras, pero echan en falta más implicación en el desmantelamiento de las redes que hacen negocio con la emigración irregular. “Están más interesados en las organizaciones multidelincuenciales, dedicadas también al tráfico de drogas, por ejemplo, que en la inmigración irregular en sí misma”, explica una fuente de seguridad española. Y añade: “A la hora de desarticular estructuras criminales es más probable que se impliquen si las redes son de origen marroquí o subsaharianas. Las organizaciones argelinas [más sofisticadas] operan con bastante impunidad”.