Los grandes municipios de Cataluña piden seguir regulando el precio del alquiler

La ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas del alquiler acaba de cumplir un año en Cataluña. El PP y el Gobierno la recurrieron ante el Tribunal Constitucional, pero no está suspendida, por lo que es plenamente vigente.

De entrada, la norma obligó a frenar los precios en 61 municipios que suman 5 de los 7,5 millones de habitantes de la comunidad. La norma impide subidas de precio en los nuevos contratos. Y provoca bajadas si el anterior contrato tenía un precio mensual superior a lo que marca el índice oficial de la Generalitat, que ahora es el tope.

Durante los primeros 12 meses de aplicación se han producido caídas de precios. Pero en un año marcado por la crisis económica derivada de la pandemia todos los agentes implicados (administración, sector inmobiliario e incluso las entidades por el derecho a la vivienda) coinciden en que es difícil discernir cuánto de las caídas es atribuible a la norma y cuánto a la pandemia y la crisis.

Los datos oficiales de enero a junio de este año (los últimos disponibles) comparados con los de 2020 indican una caída de las rentas del 2,7% en el conjunto de Cataluña y del 7,1% en Barcelona. Los precios habían comenzado a bajar a finales de 2019, antes de la pandemia y la Ley.

Pero el dato más revelador sobre la aplicación de la norma es que la inmensa mayoría de los 61 municipios donde se comenzó a aplicar (los de más de 20.000 habitantes) han pedido prorrogar su aplicación. Y que 22 municipios que no estaban en la lista piden poder regular el alquiler a partir de ahora, una lista que no está cerrada. La ley contemplaba que transcurrido un año de su vigencia, las poblaciones que quisieran prorrogar la norma debían aprobar una declaración de área de mercado tenso de la vivienda, lo que les permitirá regular los precios cinco años más.

En este listado están Barcelona y las grandes ciudades de su área, Girona, Tarragona y Lleida. En total, 77 municipios con alcaldes de distintos colores políticos. Figura, por ejemplo, Xavier García Albiol, de Badalona. Y del PP, que llevó la norma ante el Constitucional al considerar que era un “ataque a la propiedad privada, a los futuros arrendatarios y a los inquilinos”. Fuentes municipales argumentaron hace unas semanas: “Aunque globalmente no compartimos la medida, la idiosincrasia de algunos barrios de la ciudad comporta que temporalmente no se vea con malos ojos”.