La juez del 8-M reprocha a la Abogacía que ha estado un mes sin recoger la documentación del caso

La juez del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, ya ha dejado el primer recado a la Abogacía del Estado. Tras presentar el órgano jurídico dependiente del Ejecutivo varios recursos contra la investigación —en uno, incluso, atribuyendo a la magistrada la apertura de una causa general contra las autoridades— y solicitar una prórroga para la toma de declaración al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y único imputado, José Manuel Franco, la magistrada ha dictado este miércoles un nuevo escrito donde muestra su “sorpresa” por la petición de ese aplazamiento. La instructora considera llamativo que la Abogacía diga que “necesita tiempo” para informarse y le reprocha que desde el 21 de abril se le notificó que podía pasar por el juzgado a recoger la documentación del caso. “No siendo hasta que se le ha ordenado por resolución que comparezca el 26 de mayo”, cuando lo ha hecho, prosigue Rodríguez-Medel, a quien también ha acusado la Abogacía de vulnerar el derecho de defensa del investigado.

En esta causa, abierta el pasado 23 de marzo tras la presentación de la denuncia de un particular, la magistrada investiga la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus. Entre otras, la marcha feminista del 8-M. La magistrada quiere saber si se permitieron esas concentraciones cuando se contaba ya con “suficientes datos para prohibirlas legalmente por razones sanitarias”.

De momento, el único imputado es Franco, al que se le atribuye un delito de prevaricación. Rodríguez-Medel lo citó a declarar el próximo 5 de junio. Pero, tras la petición de aplazamiento por parte de la Abogacía, ha aceptado aplazarlo al 10 de junio. Eso sí, no podrá comparecer por videoconferencia. Una posibilidad que se le había ofrecido en un primer momento, pero que la juez ha preferido descartar finalmente tras haber tenido problemas con la conexión en otra investigación abierta en su juzgado.

El caso 8-M ha desatado una intensa batalla política entre el Gobierno y la oposición. Pero también ha elevado la tensión entre el Ejecutivo y la juez. El pasado domingo, el Ministerio del Interior cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos por el informe remitido desde la Comandancia de Madrid —que él dirigía— a Rodríguez-Medel. En dicho documento, aunque contiene algunos errores y especulaciones, se afirma que no “se debería haber realizado” concentraciones desde el 5 de marzo y que las autoridades conocían los “riesgos”. La decisión de Fernando Grande-Marlaska abrió entonces dos frentes: la derecha ha cargado contra el Gobierno por considerar que cometió “injerencias” en la labor de la Guardia Civil y la magistrada envió un escrito al secretario de Estado de Seguridad para advertirle de que había dado órdenes expresas a los agentes de que solo le informaran a ella de sus averiguaciones.

Pero, antes de que estallase la pugna partidista, la Abogacía ya había contraatacado y envió un recurso a la Audiencia Provincial de Madrid contra las pesquisas. En ese duro escrito, el órgano jurídico del Gobierno arremete contra la juez, a la que acusa de abrir “una causa general contra las distintas autoridades y administraciones competentes”; vulnerar el derecho de defensa de Franco; saltarse el decreto de alarma; e iniciar una investigación “prospectiva” en busca de indicios de delito.

La próxima cita prevista ahora es el próximo 10 de junio, si no varía el calendario fijado. Franco comparecerá ese día como imputado ante la juez y, a continuación, le seguirán los tres testigos llamados también a declarar: el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete del delegado, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.