Justicia: un quirófano sin cirujanos

El poder judicial está maniatado por el poder político. El gobierno de los 5.300 jueces lleva tres años con el mandato caducado y casi un año con sus funciones recortadas por decisión del poder legislativo.

El Consejo General del Poder Judicial no puede hacer nombramientos, no hay ascensos ni se cubren las plazas vacantes porque el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tuvo una mala idea. Pensó que con ese veto legal, tramitado de urgencia y por la puerta de atrás, forzaría al PP a la renovación. Se equivocó, y la consecuencia es que el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial, tiene incendios sin solución a la vista.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, que dirime los recursos contra las decisiones del Gobierno —­como los indultos a los dirigentes del procés, la gestión de la pandemia y otros—, pondrá 1.000 sentencias menos este año (un 25% del total) porque los magistrados fallecidos o jubilados no pueden ser sustituidos. El gobierno de los jueces, con el mandato caducado y las funciones recortadas, ha renunciado a tomar medidas de emergencia para tapar ese agujero. Si fuera un quirófano, no habría cirujanos suficientes para operar a los enfermos graves. Aunque la justicia es otra cosa.

El Partido Popular incumple la Constitución desde hace tres años poniendo excusas variopintas para bloquear la renovación de un poder judicial nombrado en 2013 y dominado por una mayoría conservadora.

El último argumento para justificar el bloqueo que esgrime Pablo Casado es exigir la despolitización de la justicia a través de una reforma legal que permita a los jueces elegir a 12 de los 20 vocales del Poder Judicial.

La ley ya concede a los jueces de España la posibilidad de hacer una preselección sobre la que el Parlamento decide el nombre de los 12 vocales. Es imposible que ninguno de esos 12 vocales ingrese en el Poder Judicial sin que los jueces lo hayan seleccionado. Pero eso no le basta al PP, que cuando gobernó con mayoría absoluta prometió el cambio legal para que los jueces eligieran a los jueces y en solo unos días cambió de idea para seguir controlando el Consejo General del Poder Judicial.

Este organismo solo ha tenido problemas para su renovación cuando el PP ha estado en la oposición. Con Mariano Rajoy antes y con Pablo Casado ahora.

El mismo partido que pide la despolitización de la justicia ha colocado como magistrado del Tribunal Constitucional a un letrado en Cortes, Enrique Arnaldo, que hizo carrera y negocios muy lucrativos a la sombra del PP, y que se convirtió en uno de los principales ideólogos jurídicos de este partido a través de FAES.

El mismo partido que pide la despolitización de la justicia ha sido condenado en el juicio de la caja B de los papeles de Bárcenas, un proceso que el PP quiso torpedear mediante artimañas contra la instrucción judicial.

El mismo partido que pide la despolitización de la justicia tiene a su exministro de Interior y exsecretario de Libertades Públicas procesado por urdir un plan policial para robar pruebas y obstruir la investigación judicial del caso Bárcenas.

Y es que la justicia, maniatada y bajo mínimos, responde en muchos casos a la corrupción del poder político con duras condenas.

España ha vivido en los últimos 10 años el encarcelamiento de presidentes de bancos; de directivos de grandes empresas; de cargos institucionales importantes en Cataluña, en Andalucía o en Madrid; de líderes políticos de numerosos partidos, de dirigentes de los sindicatos mayoritarios, y hasta del cuñado del rey Felipe.

La justicia hizo que Juan Carlos I abandonara España hace más de un año acorralado por investigaciones que acreditaron los delitos fiscales cometidos por el monarca y por los que, supuestamente, no se le puede juzgar.

Con sus deficiencias, el Estado de derecho sigue funcionando, pese a que en 2021 todo fue a peor.