Deliberación

La discusión pública sobre los problemas que vive una sociedad es sin duda una sana medida y una respuesta inteligente para canalizar el malestar y las preocupaciones de la ciudadanía. Pero en ningún modo este método debe sustituir a la representación legítima del electorado que es el Parlamento. Tras las reuniones locales en las que han participado más de 1,5 millones de personas presentadas como el Gran Debate Nacional que ha vivido Francia estos meses, el Gobierno de Emmanuel Macron ha hecho públicas sus conclusiones esta semana. Con independencia de las mismas, se aprecia la voluntad del presidente francés de trasladar a una discusión territorial las necesidades ciudadanas en un momento en el que existe también una preocupación por el vaciamiento de la democracia deliberativa.

Esta dimensión de los sistemas democráticos, la deliberativa, es un instrumento para dirimir cuestiones disputadas, ayuda a identificar los problemas sociales, ofrece más información sobre los mismos e instala una cultura política basada en una idea de razón pública que consiste en priorizar el mejor argumento para dilucidar el bien común.

El primer ministro Édouard Philippe presentó los resultados sosteniendo que el malestar social se debe a la gran presión fiscal sobre las clases medias y al desigual reparto de la misma. El Gobierno dice que tendrá en cuenta estas conclusiones, pero no debería perder de vista que donde se tienen que discutir y defender sus políticas para traducirlas en ley es ante la sede de la soberanía nacional. La deliberación pública es un mecanismo que hace incluso más legítimo el proceso de toma de decisiones en una democracia; pero la voluntad política se expresa en las urnas y elige a unos órganos de representación que tienen la misma legitimidad que la del presidente. La respuesta de Macron contribuye a mejorar las cosas y, aunque oportuna, no debería ser coartada para dotar de un respaldo popular a su programa político saltándose la sede de la soberanía nacional.