Pensiones sin dramas

En las últimas tres semanas, tanto el Gobierno como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han intentando reducir el dramatismo que pesa sobre el sistema de pensiones. La ministra Magdalena Valerio anunció que el Gobierno pedirá un nuevo crédito de 15.000 millones para pagar las prestaciones en 2019, lo cual, si bien es una nueva declaración de que las cotizaciones no son suficientes y, de paso, acrecienta la deuda del país, al menos aclara con antelación suficiente cómo será el ejercicio financiero de la Seguridad Social durante este año. Al Gobierno le quedaban pocas opciones después de comprobar que la revalorización de las pensiones, según el IPC pactada por el Gobierno anterior y el PNV, no tenía partida correspondiente en las cuentas públicas.

Ha sido la Airef la institución que ha dado un paso más elaborado para buscar un acuerdo social en torno a la reforma futura de las pensiones. Es verdad que las pensiones no corren riesgo a corto plazo y que la mayor amenaza para los pensionistas es que el colapso del sistema de reparto cause una rebaja en las prestaciones y pierdan poder adquisitivo. La amenaza estructural para las pensiones es sin duda el plazo de prestaciones, creciente debido a la mayor esperanza de vida, y el mayor coste de las pensiones nuevas. Para mitigar el peso estructural del envejecimiento de la población, la autoridad fiscal propone que una parte de los gastos de la Seguridad Social sean asumidos por el Presupuesto, de forma que el déficit del sistema se traslade al Estado; aproximar la edad efectiva de jubilación, ahora en 62,5 años, a la edad legal de 65 años y elevar el cómputo de la carrera de cotización desde los 20 años actales (25 años en 2022) hasta los 35 años.

Estas propuestas no son nuevas; habría que incluir incluso una subida de las cotizaciones para las rentas más altas, aunque será difícil conseguir en términos legales que una cotización mayor no origine una percepción más alta. El valor de la propuesta está en que insiste en la posibilidad de convergencia entre las fuerzas sociales —incluidas las empresas que, aunque a menudo se olvida, son los gestores directos de las jubilaciones— para acelerar la reforma de las pensiones; casi todo el mundo sabe que solo una reforma que recoja los cambios citados puede sostener las pensiones a largo plazo.

Las pensiones sostienen una parte del ahorro y el consumo del país. Llevan demasiados años sometidas a la incertidumbre sobre su futuro, pendientes de mesas sectoriales y acuerdos de negociación. Tiene que quedar claro, mediante un acuerdo viable, aprobado por los agentes sociales y por los partidos políticos, que no van a bajar.