Bruselas advierte

La Comisión Europea tiene graves objeciones al borrador de Presupuestos para 2019 presentado por el Gobierno español. La naturaleza de sus reticencias se centra en el riesgo de que la propuesta presupuestaria implique un desbordamiento del gasto público, un ajuste insuficiente del déficit estructural (el que se calcula sin tener en cuenta los efectos del ciclo de mejora económica actual) y un incumplimiento en los objetivos de reducción de deuda, que en España se aproxima al 100% del PIB. En resumen, Bruselas considera que con este proyecto de Presupuestos existe un riesgo muy elevado de que España incumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en una fase de desaceleración económica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE sostienen una interpretación muy parecida: el aumento del gasto previsto y la elevada deuda pública provocan muchas dudas sobre la estabilidad de las cuentas públicas.

La Comisión no objeta que la propuesta del Gobierno incluya una expansión del gasto, sino que tal como está expuesta hay un desfase entre un crecimiento cierto de los gastos y un aumento incierto de los ingresos. El Gobierno español está hoy en una situación extremadamente débil frente a las exigencias de Bruselas. Tiene una gran dificultad para pactar el anteproyecto de Presupuestos en el Parlamento debido no solo a la insuficiencia en escaños, sino a la dislocación política de los partidos independentistas, empeñados en asociar su voto a las cuentas públicas con la intervención política, imposible por naturaleza, para liberar o reducir la presión preventiva de los encarcelados por los sucesos del 1 de octubre. Y también a causa del bloqueo en el Senado, por parte del PP, del plan, perfectamente viable, de relajar la senda de cumplimiento de déficit, que mejoraría la atención pública a los ciudadanos en unos 5.000 millones.

La única posibilidad de cuadrar ante Bruselas un presupuesto coherente con una moderada expansión del gasto, un ajuste estructural y una reducción de la deuda era y es poner en marcha una subida fiscal bien estructurada, a través de nuevas tasas financieras y aumentos en tributos especiales. Pero el Gobierno no ha sabido o no ha podido hacerlo. Sin un anteproyecto salido del Parlamento y sin un esquema viable de subidas fiscales integradas en ese anteproyecto, la propuesta de gastos moderadamente expansivos del Gobierno de Sánchez tiene todas las probabilidades de fracasar, en España y en Bruselas.

La tentación es tirar la toalla y prorrogar el último Presupuesto de Rajoy. Las críticas de la Comisión, apoyadas por el Fondo y la OCDE, parecen empujar de forma irremediable en esa dirección. Pero los ciudadanos se merecen que el Gobierno presente en el Parlamento un Presupuesto y que este sea objeto de debate público. La prórroga, sin más, también sería un fracaso.