Una regla categórica

Las reglas y procedimientos que rigen en los sistemas democráticos son pocos, pero categóricos. Su sentido no es otro que hacer realidad un principio de convivencia sustentado sobre la igualdad política de todos los ciudadanos. Hay otros, pero este seguramente sea el fundamental, porque impide establecer diferencias o privilegios entre ellos. De ahí derivan logros civilizatorios como la igualdad ante la ley, la tolerancia y el respeto por las ideas de cada cual y la neutralidad de los poderes públicos ante el pluralismo ideológico.

Que dicha neutralidad sea violada sistemáticamente en Cataluña por instituciones o medios financiados con fondos públicos es algo con lo que, por desgracia, veníamos contando. Lo que era inimaginable es esta nueva escalada en el linchamiento público de aquellos que, en ejercicio de su libertad de expresión, se atreven a mostrar su disidencia con lo que ya se ha convertido, al parecer, en la única opción política tolerada. Más aún cuando se vale de la peor de las estrategias de intimidación, el señalamiento de quienes no se pliegan al discurso único.

La pregunta que debe hacerse la sociedad catalana, y que nos afecta a todos, es si queremos vivir en sociedades segregadas o inclusivas, si creemos en el pluralismo y en la fuerza de la razón para guiar el debate público o si hemos de plegarnos a supuestas verdades incuestionables. El contenido normativo de la democracia tiene una respuesta clara. No así las actitudes irredentistas, incapaces de imaginar la convivencia de identidades políticas superpuestas o la posibilidad de reconciliar políticamente lo que es un dato evidente, las múltiples formas de sentirse catalán. El reconocimiento de que hasta nuestro más visceral adversario tiene el derecho a manifestar su opinión libremente y sin cortapisas es lo que ha hecho grande a la democracia; su señalamiento y exclusión siempre ha sido la puerta de entrada del autoritarismo.