Violencia en el transporte

Existe un amplio consenso público en que urge una regulación para los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) para evitar un trato diferente respecto al transporte privado convencional, es decir, el taxi. La ausencia de esta regulación legal es una de las causas del conflicto violento que se ha vivido en Barcelona. Los taxistas atacaron y destrozaron vehículos de Cabify con ocupantes en el interior; incluso una furgoneta recibió perdigonazos porque los agresores la confundieron con un VTC. La violencia de los taxistas en Barcelona tiene que ser condenada explícitamente por las asociaciones del taxi y las agresiones deben ser investigadas por la ley. Las conductas violentas, espontáneas u organizadas, no tienen cabida en las calles; para resolver conflictos profesionales está la negociación.

En el caso de la deriva violenta del conflicto en Barcelona está claro que hay unos culpables, que son quienes destrozaron vehículos y aterrorizaron a los ocupantes. Pero las Administraciones públicas no están actuando con la diligencia debida. El motivo de las manifestaciones del martes se conoce: los taxistas y las VTC habían llegado a un acuerdo con el Área Metropolitana de Barcelona para calcular una licencia de VTC por cada 30 taxis. Pero el acuerdo fue recurrido por la Comisión Nacional de la Competencia y por Fomento; la suspensión está pendiente de resolución judicial.

Los taxistas amenazan con bloquear todas las infraestructuras de Barcelona; amenaza que puede extenderse a otras ciudades. Tiene que negociarse ya una regulación clara que, en línea con Europa, considere que los VTC son servicios de transporte y no inofensivas muestras de economía colaborativa, y que imponga las mismas obligaciones —fiscales y administrativas— a VTC y taxistas. También debe quedar claro el ámbito donde están las competencias regulatorias; si la solución negociada es trasladar las competencias a los Gobiernos autónomos, hágase de una vez.