Despidamos al carbón

En la Cumbre del Clima en Bonn han aflorado las diferencias de intereses que provoca la descarbonización, una política obligada si se admiten con seriedad los objetivos de la Cumbre de París sobre cambio climático y se acepta que la economía mundial no puede sostenerse, so pena de catástrofe planetaria, sobre energías contaminantes. Países como Reino Unido, Italia y Francia respaldan el objetivo de cerrar sus centrales de carbón en 2030; Alemania no asumió el acuerdo, porque el 40% de su electricidad procede del carbón. España y Polonia tampoco apoyan los planes de cierre. La política de descarbonización, uno de los pilares de la lucha contra el cambio climático, tropieza con la cruda realidad de su aplicación práctica.

El interés de Alemania en mantener el carbón como fuente de generación eléctrica responde a una racionalidad económica inmediata. El carbón alemán tiene una calidad elevada y el coste de producción es más barato que, por ejemplo, el carbón español. Aproximadamente el 40% de su electricidad procede de plantas carboníferas. Pero Berlín le hace un flaco favor a Europa si renuncia a un proyecto de electrificación y de cambio de paradigma energético a cambio de una rentabilidad a corto y medio plazo que desmienta además la seriedad de su compromiso energético y ecológico.

España también está implicada en una contradicción entre declaraciones y hechos. Los compromisos de renuncia al carbón se aceptan en teoría, incluso está en marcha una Comisión para la Transición Energética —que, dicho sea de paso, poco tiempo tendrá para presentar un programa creíble de cambio energético—, pero el Gobierno quiere impedir el cierre de las plantas de carbón que pide Iberdrola. Debería explicar las razones de esta contradicción. El argumento de que la desaparición del carbón elevaría el recibo de la luz es difícil de demostrar. Tampoco pueden esgrimirse problemas de suministro para la producción eléctrica, porque en la actualidad la capacidad de los ciclos combinados está infrautilizada y España dispone de un parque nuclear del que carece Alemania (cerró sus plantas a raíz de Fukushima). Es más probable que la resistencia a prescindir del carbón está relacionada con los problemas sociales y de empleo que provocaría la desaparición de las explotaciones españolas.

La política de descarbonización tiene que tomarse en serio. Está íntimamente conectada con las propuestas de la Cumbre de París para introducir energías limpias y renovables. A efectos de los precios de la electricidad, conviene recordar que el precio del carbón español no es competitivo en las condiciones actuales de mercado. El Gobierno debe comprometerse con firmeza a cerrar las minas subvencionadas antes de 2019 y a hacer lo propio con los grupos térmicos que no rebajen sus emisiones; y a cumplir con los planes de cierre hasta 2030. El carbón no es el futuro de la energía mundial, a pesar de las reticencias de Alemania o de las políticas regresivas de Estados Unidos y China.