La justicia actúa

La Audiencia Nacional decretó este lunes prisión incondicional contra Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) como medida cautelar para asegurar su disponibilidad ante la justicia en el proceso que se sigue contra los dos activistas por el presunto delito de sedición. Ambos organizaron los masivos desórdenes que los días 20 y 21 de septiembre impidieron a la agente judicial (y a los policías que cumplían las órdenes de registro del juzgado número 13 de Barcelona) salir del Departamento de Economía de la Generalitat, que los manifestantes habían rodeado tras la convocatoria de ambos dirigentes separatistas.

La dureza de esta medida puede generar contestación de sus organizaciones. Pero al mismo tiempo recuerda que violar gravemente la ley no sale gratis en un Estado democrático. Al jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, la juez le ha impuesto medidas cautelares más ligeras (presentación quincenal al juzgado, retirada del pasaporte, prohibición de viajar al extranjero). E igual tratamiento ha dispensado a la intendente Teresa Laplana. Son medidas muchísimo menos graves que la prisión incondicional que pedía la fiscalía para ambos. Pero no por ello dejan de generar un perjuicio a su imagen personal y, en tanto que miembros de la cúpula de los Mossos, también un baldón, siquiera a título provisional, para el propio cuerpo.

No sucede todos los días en Europa que unos jefes policiales sean acusados de sedición, de alzarse contra la aplicación de leyes o resoluciones judiciales en un contexto tumultuario. Es una figura que castiga acciones graves contra el orden público: justo aquel que deben defender las fuerzas y cuerpos policiales de toda adscripción.

Estos acusados siguen gozando de la presunción de inocencia. Pero ahora acompañada de indicios acrecentados de responsabilidad. Corresponde a su libre albedrío considerar si su continuidad en los cargos menoscaba el funcionamiento del cuerpo que dirigen. Una reflexión que deberían autoaplicarse, incluso antes que ellos, sus mandos políticos, el consejero de Interior, Joaquim Forn, y el director Pere Soler, destacados y ruidosos paladines de la subversión antidemocrática. Es de esperar que la investigación analice sus actuaciones, instrucciones y silencios, contrarrestando así la posible percepción de que pagan la factura del caos los ejecutores más que los conjurados de primer nivel y últimos instigadores del golpe a la legalidad.

Desde nuestro punto de vista, unos y otros —los mandos policiales sometidos a investigación y sus jefes políticos— deberían abandonar cuanto antes sus puestos para empezar a restablecer la normalidad democrática en Cataluña.