Un acuerdo crucial

El desafío económico y geopolítico que propone el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) definirá probablemente la economía mundial en este siglo. Pretende crear una zona libre comercial de 800 millones de consumidores, capaz de negociar ventajosamente con el bloque asiático (incluida China) e impulsar las economías de Estados Unidos y Europa mediante una gran cirugía de trabas comerciales (aranceles y tarifas). Para Europa supondría un impulso financiero equivalente a 120.000 millones anuales, unos 400.000 empleos más y un aumento estimado de medio punto en el PIB conjunto de los 28 Estados.

Es un estímulo apetecible en una fase de bajo crecimiento económico. Y una oportunidad estratégica, porque, tarde o temprano, el comercio mundial tendrá que circular por los raíles que quiere construir el TTIP: eliminar tasas, tarifas y barreras. Firmar el TTIP significaría, por ejemplo, que las empresas europeas podrían acudir libremente a licitaciones públicas en Estados Unidos; o la eliminación de muchos aranceles que gravan con hasta el 30% los intercambios de productos y servicios. Firmar ese tratado supondría un incentivo considerable para el área del dólar y para la alicaída economía del euro.

Pero probablemente no se firmará este año. Europa se ha dividido en dos bandos acuciados por elecciones próximas: los que aprecian las ventajas económicas y quienes alertan sobre los riesgos potenciales de perder derechos y calidad en los productos y servicios europeos. Lo peor es que la decimotercera ronda de conversaciones ha confirmado diferencias aparentemente irreconciliables. La más importante atañe a la cláusula Investor State Dispute Settlement (ISDS), que reconoce el derecho de una compañía a demandar un cambio en la legislación de un Estado si considera que es lesiva para su actividad. Tal como se propone hoy, la ISDS subvierte la lógica de que los Estados son soberanos y sus decisiones predominan sobre las de las empresas. Francia ya ha anunciado que no firmará el TTIP en las condiciones actuales. Es toda una concepción del Estado la que está en juego.

Otra disensión enconada afecta al sistema de resolución de conflictos entre partes. Las multinacionales no aceptan la justicia ordinaria, quizá porque creen que en caso de litigio se inclinaría hacia la parte europea. Pero la fórmula de arbitraje que se propone desde Estados Unidos (un árbitro por cada una de las partes, más un tercero decidido por ambas) no garantiza la aplicación de la legislación europea. Europa objeta que sus tribunales son suficientes para dirimir las diferencias y, de nuevo, la preeminencia de la legalidad pública sobre el pacto privado.

Hay más razones para el disenso. Las leyes sanitarias, de salud pública, medioambientales y laborales son más garantistas en Europa. En pura lógica, Estados Unidos no puede aspirar a una igualación sistemática a la baja de toda la regulación. Todo apunta a un retraso que, como es lógico, no tiene por qué ser una tragedia. La clave es evitar la precipitación. Es mejor esperar —siempre que la negociación no se eternice— a que las posiciones maduren y Europa logre un acuerdo compatible con los derechos vigentes, que forzar un mal acuerdo para adelantarse a un proceso electoral.