Panamá

¿Cómo es posible que la publicación de los nombres de propietarios de sociedades offshore desencadene un escándalo internacional y los ministros de Hacienda de los países con ciudadanos implicados declaren que son legales? Si la empresa del primer ministro de Islandia era legal, ¿por qué ha dimitido? ¿Por qué confesado Cameron su participación en una de estas sociedades, después de haber intentado eludirla? ¿Por qué el hasta ahora intocable rey de Marruecos está afrontando críticas por aparecer en esa lista? Dejando a un lado la radical insolidaridad que supone sacar dinero del propio país, ¿a quién se le ocurre mantener una sociedad opaca en la otra punta del mundo y pagar impuestos escrupulosamente en España, ambas cosas durante cuarenta años seguidos, como afirma haber hecho Pilar de Borbón? Y mantener empresas sin actividad, pagando las minutas de un bufete panameño, cuando a quien más y a quien menos nos cuesta una pasta el asesor que nos hace la declaración, ¿qué sentido tiene? Si la Agencia Tributaria tenía conocimiento del entramado de Panamá, ¿por qué ha sido un grupo de periodistas quien ha sacado esta información a la luz? ¿Por qué los inspectores de Hacienda no han podido investigar estas actividades? ¿Por qué esta lista, después de hacer tanto ruido, no ha abierto debate institucional alguno sobre la prohibición de los paraísos fiscales? ¿Por qué los Estados perjudicados no se plantean ejercer ninguna presión, económica, diplomática o legal, contra estos nichos de ilegalidad flagrante? ¿Por qué tenemos paraísos fiscales dentro de la propia Unión Europea? Es que si perseguimos a los ricos, se irán a vivir a otro país, nos dicen. ¡Ah! ¿Y para qué queremos aquí ricos que no pagan impuestos?