Más gasto con reforma fiscal

A pesar de que el déficit público ha desbordado las previsiones (lógico, porque el Gobierno ha incumplido los objetivos de estabilidad durante toda la legislatura), la Comisión Europea tiene que entender una premisa básica: la economía española no puede soportar hoy un ajuste adicional de gasto público. Hay dos razones para sostener esto: otro ajuste dañaría la débil reactivación de la economía —que ha producido hasta ahora pocas mejoras significativas de rentas salariales— y, además, dada la debilidad del gasto social, elevaría las tasas de exclusión hasta límites poco tolerables.

Al margen del fiasco de la política de estabilidad financiera aplicada, las políticas públicas en España se definen por dos parámetros básicos. La presión fiscal equivale al 38% del PIB, cuando la media de la zona euro es el 46,3%; el gasto español en protección social es del 17,6% del PIB, frente al 20,4% de media en la eurozona. Si España quiere recuperar una parte del Estado de bienestar deteriorado durante la crisis y explicado por el retraso crónico de sus políticas públicas, necesita programar un aumento del gasto público y social en los próximos años; aumento que tiene que ser forzosamente compatible con un ajuste del déficit público, es decir, con un descenso de la deuda pública.

De entrada, este programa sólo es posible si Bruselas acepta ampliar el calendario de reducción del déficit al menos en dos años. Por eso, la primera tarea del nuevo Gobierno será negociar con Europa un nuevo plan de estabilidad financiera y un programa de reformas. Pero, para recuperar el gasto público productivo (infraestructuras, protección social, innovación) es obligado además que una de esas reformas, la primera y capital, sea la tributaria. El Estado necesita con urgencia elevar su recaudación.

Las líneas maestras de una reforma fiscal que eleve significativamente los ingresos públicos ya fueron adecuadamente sugeridas por un Comité de Expertos designado por el Gobierno. Pero el Ejecutivo desatendió sus recomendaciones y se limitó a bajar el IRPF (un reflejo electoral). El próximo Gobierno tiene que intensificar la persecución del fraude fiscal, eliminar o reducir las deducciones y desgravaciones del impuesto sobre sociedades, subir los impuestos especiales y reestructurar el IVA para que recaude a una tasa media efectiva del 18%. Sin reforma fiscal no hay oportunidades para la recuperación de la economía.