La reacción correcta

La dirección del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) parece dispuesta a dar un paso en la buena dirección para garantizar la transparencia y credibilidad de la organización, puestas en cuestión por el descubrimiento de que la federación de banca había pagado cuantiosos sobresueldos a sus delegados. El consejo confederal debatirá la semana próxima una norma tan elemental como que los dirigentes del sindicato estén obligados a hacer pública una declaración de bienes y patrimonio al principio y al final de su mandato. De igual forma, CC OO está dispuesta a reconsiderar el sistema de compensaciones de sus liberados y a reclamar a sus representantes en empresas o entidades financieras que entreguen al sindicato los pagos para evitar casos como el de Caja Madrid.

Es evidente que el sindicato quiere responder con rotundidad a la percepción pública, alertada por la difusión de las remuneraciones excesivas de algunos de los delegados de banca, de que existen grupos enquistados con privilegios salariales dentro de sus cuadros. Una declaración pública de bienes es un paso lógico, sencillo y de inestimable valor político. Tranquilizará a los afiliados y, además, convencerá a los ciudadanos de que algunas instituciones reaccionan con rapidez ante cualquier indicio de corrupción o irregularidad.

Las declaraciones de bienes y patrimonio no garantizan el manejo escrupuloso del dinero en una organización sindical, patronal o institucional. Nada sustituye el principio de responsabilidad política personal y de la cúpula directiva de la organización. Pero es un gesto de alcance; transmite la intención de combatir por los medios conocidos el enriquecimiento irregular. El argumento utilizado inicialmente por CC OO para justificar los sobresueldos (que tributaban religiosamente a Hacienda y que fueron aprobados por la dirección) no desmiente que las retribuciones complementarias conocidas fueran excesivas e impropias de un sindicato que debe defender a desempleados y trabajadores afectados por los recortes salariales.

Las organizaciones que reciben dinero público (como CC OO, UGT o la patronal CEOE) están obligadas a dar cuenta exacta de sus ingresos y gastos. No pueden alimentar dudas sobre su financiación ni sobre el empleo de dinero, que debe estar en consonancia con la temperatura social del país.