Protección oficial y desamparo privado

Eran las seis de la mañana en Madrid cuando siete furgonetas como siete tanques aparcaron frente a la vivienda del matrimonio de la fotografía. Descendieron de los vehículos blindados unos cincuenta agentes dotados de chalecos antibalas, cascos protectores, porras, pistolas, guantes, rodilleras, botas de campaña, y actitud claramente desahuciadora. Su misión: desalojar al matrimonio formado por Wilson y Cecilia y sus tres hijos, entre los que se encontraba el bebé de mes y medio al que su madre levanta de la cuna mientras el padre se dispone a envolverlo en una manta. Hacía un frío que pelaba y el sol, acojonado por el despliegue policial, se resistía a aparecer.

Pero el fondo buitre, de nombre Blackstone (piedra negra), al que Ana Botella había entregado a lo tonto el domicilio de Wilson y Cecilia, no se dejó conmover. Que envíen al ejército, dijo. Y el ejército, disciplinado, acudió para entregar la carne del pequeño, tierna como la de un corderillo, a las aves carroñeras amigas de la alcaldesa. Cosas de la plusvalía, dirán algunos, vale, aunque conviene recordar que los centenares o miles de viviendas que Botella malvendió a estos especuladores sin alma eran de protección oficial. Significa que se habían construido con la aportación de todos para proporcionar un techo a las familias necesitadas. Como cabía esperar, los nuevos dueños triplicaron el alquiler al poco de llegar y la protección oficial se convirtió en desamparo privado. El día del crimen, Botella difundió un vídeo inmundo, de autopromoción, sufragado también con nuestros impuestos.