Lecciones de Bankia

La reforma bancaria española, imprescindible para recobrar la confianza de los inversores, tenía una prueba de fuego decisiva en el rescate y salvación de Bankia, una de las primeras entidades financieras del país colocada al borde de la quiebra por unos gestores que la implicaron hasta la asfixia en la crisis del ladrillo. El caso Bankia ofrece una doble lección. Por un lado, las pésimas consecuencias de una intervención descontrolada de intereses políticos en la dirección de una entidad bancaria, hasta que se convirtió en una finca particular de los intereses de los partidos y sus entornos; por otro, el más amable y del que hay que felicitarse, los efectos beneficiosos y rápidos de una gestión profesional. Bankia, dos años después de la intervención, es una marca recuperada, con expectativas de beneficio y futuro reconocido en el mercado financiero.

Hasta llegar a este punto el rescate de Bankia ha sufrido de demoras, decisiones erróneas y momentos difíciles. Está pendiente de solución el daño de las preferentes, pero en ese daño también está concernido el Gobierno. Hoy es evidente que debió ser intervenida y sus gestores relevados a mediados de 2010, cuando se inyectó capital público por primera vez. También debe ser motivo de reflexión política el hecho de que en 2012, cuando la situación de la entidad era un grave problema para la economía, se aplazaran peligrosamente las decisiones correctas (intervención, sustitución de Rodrigo Rato y su equipo) por razones que no entendieron la urgencia de la intervención. El caso Bankia demuestra una vez más que cuando se retrasan decisiones económicas de importancia los costes se disparan y el daño se extiende a un mayor número de ciudadanos.

Bankia es un caso de salvación con éxito en parte porque se ha volcado en sus balances una cantidad importante de ayudas públicas. En conjunto, casi 22.500 millones de euros que en estos momentos avalan todos los contribuyentes, además de una desviación de activos inmobiliarios a la Sareb que le ha liberado del exceso de morosidad hipotecaria. Los esfuerzos públicos, soportados por los ciudadanos, deberían reconocerse con el interés, por parte de la entidad y del Gobierno, en que todo o una parte importante de ese dinero público, crucial para el rescate, se devuelva cuando se alcancen las mejores condiciones de rentabilidad. Los modelos en los que debemos fijarnos son los países en los cuales las entidades salvadas han devuelto, en algún caso con beneficios, el dinero aportado por los contribuyentes.

Bankia puede ser un ejemplo afortunado porque el resto de la reforma bancaria se saldará con grave quebranto para los intereses públicos. Las cajas gallegas causarán una pérdida de unos 7.000 millones mientras que Catalunya Caixa costará entre 12.000 y 14.000 millones. Estas cuentas deberían ser un argumento de peso para reclamar que la banca desarrolle, sobre todo, una política razonable de crédito.