La lacra de la corrupción: asignatura pendiente

Se está terminando la legislatura y no se ha adoptado ninguna medida seria para terminar con la corrupción. A lo máximo a que se ha llegado es a la aprobación de una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que no tiene ninguna utilidad, y que viene a ser algo así como un código deontológico para los altos cargos políticos, ya que, por una parte, la máxima sanción prevista, en el caso de infracciones muy graves, es la destitución del puesto y, por otra, porque para velar por el cumplimiento de sus normas se crea un órgano público, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que viene a ser algo así como un observatorio de aquellos a los que nos tenían acostumbrados.

Pero lo peor es que se están acercando las elecciones y no se escuchan apenas voces prometiendo cambios legales serios para terminar de una vez con la lacra de la corrupción; a lo máximo que se llega es a hablar de compromisos, como el de no incluir en las listas a ningún imputado.

Son muchas las medidas que se podrían adoptar. Por ceñirme al ámbito penal y penitenciario, se podría modificar la ley de indulto para impedir su concesión en todo tipo de delitos económicos en los que se retrae dinero público; aumentar de modo considerable las penas para estos delitos; condicionar la concesión de permisos y terceros grados a la satisfacción efectiva de las responsabilidades civiles y las multas, etcétera.

El peligro de la corrupción como factor desestabilizador de la economía continúa latente y en cuanto las cifras macroeconómicas lo permitan resurgirá con todo su potencial destructivo.— Luis Miguel Sancho Rey.