Seguridad

El Consejo General del Poder Judicial ha dejado hecho unos zorros el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que el Gobierno le ha pasado a consulta. Es una buena noticia, porque incluso los legos en leyes percibíamos no un tufillo sino una escandalosa peste a autoritarismo y arbitrariedad en el texto que era para echarse a temblar.

El engendro contiene algunos elementos que inducen al espanto. Y no es el menor la pretensión de que los vigilantes privados colaboren en tareas de orden público. Así, si un ciudadano protesta porque la sanidad de su comunidad está en riesgo, se puede ver cacheado, zarandeado y detenido por el primer piernas que haya aprobado un cursillo de utilización de porras o de inmovilización de yonkis.

Todo el que haya salido alguna vez a la calle a protestar sabe que cuanto menor sea la formación de un guardia más fácil es que este le propine una paliza gratuita o le detenga (inmovilice) sin motivo serio. Con un guardia civil o un policía nacional se puede hasta discutir sobre los derechos ciudadanos cuando la cosa no está caliente. Con un portero de discoteca (por exagerar algo), no se puede discutir nada.

Pero esto no es sino una pequeña parte de lo que los ministros Jorge Fernández y Alberto Gallardón tienen pensado para nosotros. La fiscalía ya ha puesto en marcha prácticas aterradoras: unos trabajadores de un piquete de Airbus que montaron un piquete contundente, eso sí, se ven en el brete de que el fiscal les pide ocho años de cárcel por una acumulación de delitos que cualquiera puede cometer en momentos de excitación. Para eso no se necesita la nueva ley, sino carácter y manejo del Código Penal.

Yo espero que el proyecto no salga adelante. Pero si es así, que cambien el nombre por el de Ley de Miedo Ciudadano.