Perdedores que al final ganan

Marina Isla de Valdecañas es el nombre de un lugar que se dice paradisíaco, en el que pueden comprarse villas por 500.000 euros con su campo de golf, su complejo deportivo y hasta una base náutica desde la que pasearse por el embalse del mismo nombre. Pero se ha convertido también en el paradigma de algo que ocurre con lamentable frecuencia en España: el de una justicia que, incluso cuando funciona, llega tarde y mal para reparar los daños de una fiebre constructora que no ha dudado en pasar por encima de la legalidad.

El complejo se ubicó en unos terrenos de El Gordo (Cáceres) incluidos en la Red Natura 2000, con un nivel de protección que excluye la posibilidad de construir. Dos grupos ecologistas presentaron denuncia en 2007 y en 2011 obtuvieron su primera victoria judicial: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declaró ilegal el complejo. Pero el proyecto siguió adelante, pues el juez fijó una fianza de 41 millones de euros para paralizar las obras y ejecutar la sentencia, una cifra inalcanzable para un grupo como Ecologistas en Acción.

Esto es algo que ocurre con frecuencia: quienes inician un pleito urbanístico suelen ser asociaciones de vecinos o de ecologistas que al final tienen que desistir porque no pueden asumir los costes del proceso. Para colmo, la Administración llamada a reparar el daño suele figurar como parte demandada por haber concedido la licencia, por lo que es imaginable su entusiasmo. En este caso, tras la sentencia, PP y PSOE se pusieron de acuerdo y aprobaron un cambio normativo destinado a legalizar el complejo.

Ahora ha sido el Tribunal Supremo, última instancia jurisdiccional, el que ha dictado el derribo de lo construido. El problema es que la dilación judicial suele favorecer a los osados y en no pocas ocasiones, cuando llega la sentencia se declara inaplicable. En este caso, tras el primer fallo de ilegalidad, no se pararon las obras, como hubiera sido prudente, sino que siguieron adelante, hasta invertir 130 de los 200 millones previstos.

Ahora, en el supuesto de que se llegue a aplicar la sentencia, los promotores podrán exigir una compensación a la Administración, que pagaremos entre todos. Hay demandados que, incluso perdiendo, acaban ganando.