Impacto eléctrico

El ministerio de Industria ha optado por subir el precio de la luz de manera sistemática para frenar el déficit de tarifa, que seguirá creciendo este año a pesar de que la reforma eléctrica aprobada por el Ejecutivo tenía prácticamente como único objetivo reducirlo a cero ya en 2013. La tarifa eléctrica para los consumidores subió desde el 1 de octubre en el 3,1%, el tercer aumento en cuatro meses. Este hecho demuestra que, frente a la opción política de cargar la tarea de enjugar el déficit (unos 26.000 millones acumulados) de forma equitativa o proporcional entre las empresas y los usuarios, el equipo energético del Gobierno ha decidido endosar el mayor esfuerzo financiero al recibo doméstico.

El precio de la electricidad ha subido el 63% desde 2003. El recibo de la luz, cuyo impacto sobre las rentas familiares era tolerable hasta 2007, se ha convertido en una pesada carga para los hogares en los últimos dos años. Las familias con rentas relativamente estables han perdido capacidad de consumo y potencial de ahorro precisamente porque a la moderación salarial se han sumado costes crecientes de servicios con estructuras muy rígidas de precios. Muchos servicios, como el suministro eléctrico, incluyen costes fijos en su facturación, sea cual sea el consumo, lo cual limita la capacidad de ahorro de los usuarios.

A pesar de este tipo de precios que desincentivan el ahorro, los consumidores pueden reaccionar a la política del Gobierno con recortes drásticos de consumo. Los ciudadanos están pagando casi todas las consecuencias de una política energética errónea, iniciada por los Gobiernos de Aznar cuando decidieron congelar las tarifas y trasladar el pago de los costes reales de la electricidad a generaciones futuras; y las decisiones continuistas del PSOE, que no fueron capaces de cambiar el sistema de formación de precios por otro más transparente y realista. El Gobierno actual tampoco ha querido o podido hacerlo.