Inquisidor con retraso

Sin entrar en la calidad de las medidas de corrección económica adoptadas hasta ahora por el Gobierno de Mariano Rajoy, parece evidente que su llamada agenda reformistaestá sufriendo notables e injustificados retrasos. De las 72 normas previstas en esa agenda, más de 40 todavía no se han aprobado. Urgido por la Comisión Europea, intranquila ante la evolución desfavorable de variables decisivas como la deuda pública y el desempleo, el Ejecutivo aprobó ayer la creación de una Autoridad Fiscal Independiente encargada de vigilar las cuentas públicas, es decir, informar sobre las previsiones económicas, de deuda o sobre los objetivos presupuestarios, tanto en el Estado central como en autonomías o Ayuntamientos. La Comisión exigía un inquisidor fiscal independiente y esta es la respuesta.

Como es habitual, una decisión de suma importancia se da a conocer de forma imprecisa a través de una comunicación verbal. Se sabe, porque lo ha dicho el ministro Montoro, que tendrá “un encaje institucional similar al Instituto Nacional de Estadística” y que ese encaje “garantiza su independencia”. Quizá sí y quizá no. El hecho de que el presidente sea elegido por el Parlamento tampoco asegura independencia, dada la mayoría del Partido Popular. Y resulta que sus informes no son vinculantes. Es decir, será un organismo autónomo administrativo más.

La independencia solo se garantiza con el nombramiento de una persona alejada de los intereses de los partidos, con poderes institucionales suficientes para resistir la presión del Gobierno y siempre que se le permita formar su equipo de trabajo. Cabe preguntarse si una figura y unas condiciones así son concebibles en el estado actual de la política española.

De lo que no cabe duda es de que la puesta en marcha de la nueva institución, reclamada por Bruselas como contrapartida a la suavización de los objetivos de déficit, no llegará a tiempo para informar de los Presupuestos de 2014; y de que hay un elevado riesgo de conflicto si va a participar en las cuentas públicas municipales y autonómicas.

El ministro de Hacienda aseguró también ayer que no habrá nuevas subidas de impuestos y que volverán las pagas extraordinarias a los funcionarios. Afirmaciones que hacen más urgente una explicación detallada y coherente sobre cómo piensa cumplir el objetivo de déficit de 2013, que exigirá tantos sacrificios como el de 2012.