Sobre ‘Corrupción y función pública’

Creo que es absolutamente acertado el análisis que hace Carles Casajuana en el artículo titulado Corrupción y función pública publicado el pasado 5 de abril de 2013.

Sin embargo, me gustaría añadir que la reforma del régimen disciplinario de los funcionarios de todas las Administraciones públicas por ley es urgente como instrumento de lucha contra la corrupción política porque la actual normativa ha contribuido a fomentar una corrupción masiva y sin precedentes en la reciente historia de nuestro país.

En la actualidad, la titularidad de la potestad disciplinaria se atribuye no a cargos profesionales, sino a cargos políticos. Sin embargo, cuando la Administración se aparta de los fines fijados por la CE y el ordenamiento jurídico el uso de la potestad sancionadora se utiliza como un instrumento coercitivo no en beneficio de los ciudadanos, sino en provecho de intereses partidistas o de lucro personal.

Como ha señalado el catedrático Alejandro Nieto: “El Derecho Administrativo disciplinario se ha convertido en una coartada para justificar las conductas más miserables de los poderes públicos, que sancionan, expolian y humillan protegidos por la ley y a pretexto de estar ejecutándola con toda clase de garantías”.— María Victoria Torres García-Lomas.