No era esto

Las tres horas dedicadas ayer por Cristóbal Montoro al Congreso arrojaron poca luz sobre la amnistía fiscal de 2012. Tampoco sirvieron para aclarar si el extesorero del PP, Luis Bárcenas, figura en ella. El ministro de Hacienda niega que ese nombre se encuentre entre las personas físicas (29.065) acogidas a la regularización y asegura que si lo hubiera hecho no le servirá para limpiar el pasado, mientras el PSOE e Izquierda Unida sostienen que el ministro debe dimitir si se demuestra que la amnistía ha beneficiado a Bárcenas.

Por lo demás, la comparecencia de Montoro no sustituye en absoluto a las explicaciones debidas por el PP. El Gobierno tiene que tomarse en serio un asunto que cubre de sospechas a la cúpula del partido, en vez de llevarlo a un escenario de riña tabernaria, como hizo el ministro de Hacienda. Montoro respondió a la oposición con ataques personales, singularmente al socialista Pedro Saura, descalificaciones que extendió a Alfredo Pérez Rubalcaba y a la portavoz parlamentaria Soraya Rodríguez —a quienes además reprochó su ausencia—. Les llamó reiteradamente ruines, faltos de interés (“no se leen una ley”) y calificó de impertinentes preguntas como la de Saura, que quiso saber si el ministro ha cobrado alguna vez en B.

Montoro está seguro de que la “regularización especial” no encubre los procedimientos penales o administrativos abiertos con anterioridad; tanto, que resaltó esa idea como el titular de su comparecencia. Un ministro que se permite señalar incluso los titulares de su intervención tiene dificultades para aceptar el control de la oposición, si esta no compra su versión de que la amnistía ha sido estupenda porque trae rápidamente dinero a España y amplía las bases imponibles para años próximos. Esta operación ha aflorado 40.000 millones de euros, que han reportado a Hacienda apenas 1.200 millones: a ese precio (3% de media), defraudar sale muy rentable.