Doble debilidad

El mayor recorte en democracia anunciado el miércoles por el presidente Mariano Rajoy ante el Congreso ha venido a sumarse a un ajuste de menor cuantía pero de duras consecuencias sociales: el de la Ley de Dependencia. De acuerdo con las comunidades autónomas, que son las que soportan la mayor parte del gasto, el Gobierno ha decidido reducir en un 15% la paga a los cuidadores familiares, retirarles la cotización a la Seguridad Social de la que muchos se benefician, ampliar a dos años el periodo en que la Administración pública puede demorarse en la tramitación de las ayudas sin generar derecho retroactivo a la ayuda y atrasar hasta 2015 la entrada en el sistema de los dependientes moderados.

Se trata de un ajuste de cuantía relativa: se economizarán 285 millones de euros. Pero sus efectos pueden ser devastadores para decenas de miles de familias en dificultades, que ahora se verán menos asistidas. El recorte en la paga a los cuidadores —mujeres en su mayoría— y dejar de cotizar por 180.000 de ellos no sería un drama si los dependientes dispusieran de centros adecuados para ser atendidos. No es así. Si en España hay tantas personas cuidando en casa a los dependientes es porque hay un clamoroso déficit de plazas geriátricas, que el nuevo derecho a la dependencia —instituido en 2006— no ha logrado resolver en un escenario de profunda recesión. Es la doble debilidad de la ley, demasiado joven y nacida en circunstancias tan adversas que ni siquiera el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que la impulsó, la dejó fuera de los recortes. En 2010 retiró la retroactividad de las ayudas hasta un periodo máximo de seis meses. Ahora, Rajoy amplía el plazo a dos años: 24 meses de burocracia, durante los cuales miles de familias verán incluso morir a los suyos sin haber accedido a la asistencia pública.

A estas alturas del calendario y a medida que el escenario económico global se deteriora, se podría afirmar que la ley de dependencia corre el riesgo de agonizar. Por la vía de los hechos, ese nuevo derecho instituido por el Gobierno socialista no solo recibe hachazos, sino que se ha ido reduciendo. Ya entra menos gente en el sistema que la que causa baja.

La Ley de Dependencia, que nació lastrada por la ausencia de previsión presupuestaria, prometía grandes beneficios sociales y un nuevo nicho de empleo. Lejos de su objetivo, ha supuesto sin embargo un cierto avance social. El Gobierno y algunas comunidades autónomas deberían haber sopesado mucho más una decisión tan antisocial. Ahora están más obligados que nunca a imprimir toda la eficacia posible a un sistema tan deficiente, que también se puede mejorar sin más aportación presupuestaria, como ha demostrado Castilla y León: una comunidad gobernada por el PP en la que, cruzando datos y optimizando recursos, se ha logrado una buena gestión cuyos resultados son menos lista de espera y mayor bienestar para sus ciudadanos.