¿Estamos cerca del final de las minas antipersonales?

Esta entrada ha sido redactada por nuestro colaborador en Camboya, Alejandro Boza.
La lucha contra las minas antipersonales marcó un hito histórico a finales de los noventa con la firma de la Convención de Ottawa, que prohíbe su uso, almacenamiento, producción y transferencia, además de promover la destrucción de los arsenales. En poco más de cinco años, cuando todavía no existía internet, la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersonales (ICBL) logró movilizar a centenares de miles de personas en todo el mundo para reclamar un mundo libre de minas. La organización, que contó en su día con el apoyo mediático de Lady Di, recogió en manos de Jody Williams el premio Nobel de la Paz en el año 97.
Hace unas semanas, Camboya acogía la undécima reunión de los 158 estados miembros de la Convención de Ottawa en la que se revisaron los avances en el cumplimiento del tratado durante 2011. Desde su entrada en vigor en 1999, el uso de minas antipersonales ha disminuido radicalmente.
La buena noticia es que Nigeria y Burundi se declararon libres de minas, al mismo tiempo que se dio la bienvenida a nuevos países (Tuvalu y Sudán del Sur) y Finlandia anunció que también suscribirá el tratado, dejando a Polonia como único miembro de la UE que se queda fuera. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, grandes potencias como China, Rusia y Estados Unidos permanecen ajenas al espíritu del tratado, y otros países como Israel, Myanmar y la Libia de Gadafi han seguido sembrando minas para defender sus zonas fronterizas.
Europa vendió minas y ahora limpia minas. El coste de cada mina apenas es de un dólar, mientras que para eliminarlas se calcula un coste de 1.000 dólares. En 2010 la Unión Europea dedicó más de 225 millones de dólares para las tareas de desminado, sensibilización y asistencia a las víctimas. La contribución internacional de 31 países alcanzó los 480 millones de dólares y se repartió entre los 57 países afectados, destinándose gran parte a Afganistán (102M$), Angola (46M$) e Irak (37M$).
En 2010, los programas de acción contra las minas limpiaron 200 km2 de zonas minadas y 460 km2 de campos de batalla, incluyendo 18,5 km2 de bombas de racimo en zonas contaminadas. Estos trabajos, aparte de los esfuerzos gubernamentales y de Naciones Unidas, los realizan ONG internacionales como Mine Action Group , Halo Trust, Handicap International o APOPO que, con sofisticados radares, detectores de metales, perros, ratas o rudimentarios rastrillos, dependiendo del terreno, del tipo de mina y de los medios disponibles, van limpiando minas y devolviendo esas tierras para que puedan ser utilizadas por proyectos comunitarios.
Gracias a estos esfuerzos, las víctimas mortales se ha reducido drásticamente, desde las 4.300 muertes de 1996 hasta las 286 de 2010. Sin embargo, se siguen produciendo accidentes y víctimas, en su mayoría civiles, en países como Afganistán, donde hay unos 55.000 damnificados o Camboya, con 40.000 supervivientes; y tantos otros en Irak, Laos, Vietnam, Angola o Etiopía.
Son muchas las organizaciones que trabajan en la asistencia a las víctimas en todo el mundo, contribuyendo a su rehabilitación personal y su inclusión social, mejorando la accesibilidad en las comunidades rurales o construyendo sillas de ruedas con piezas de bicicleta para asegurarse un mantenimiento fácil y económico.
Si los países que forman parte de la Convención de Ottawa cumplen sus compromisos, dentro de diez años, en 2021, cuando expire el plazo para que Bosnia Herzegovina y Líbano terminen sus tareas de limpieza y destrucción de minas, podremos hablar de un mundo libre de minas. Eso sí, tendremos que seguir exigiendo a los países que aún están fuera del tratado que asuman sus obligaciones.
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