El Poder Judicial firma un convenio con el Gobierno para preservar la salud laboral de los jueces

El ministro de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial han firmado un convenio para la creación y seguimiento de un sistema de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud para los miembros de la carrera judicial. La Constitución obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo, pero nunca antes se había desarrollado un acuerdo de este tenor entre los dos órganos que gestionan la vida judicial española, el Ministerio y el Consejo. La finalidad del convenio, suscrito entre el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, y el ministro Francisco Caamaño, es establecer las bases para que los miembros de la carrera judicial trabajen en condiciones dignas para su seguridad y salud.

La portavoz del Consejo, la vocal progresista Gabriela Bravo, ha destacado lo novedoso de este convenio dentro de la carrera judicial y su importancia como instrumento para la vigilancia de la salud de jueces y magistrados. El convenio aboga por la aplicación de las medidas necesarias para la prevención de riesgos derivados de su labor diaria en los órganos judiciales e incluye una serie de cláusulas que protegen especialmente los periodos de gestación, maternidad y lactancia de las magistradas españolas.

En concreto, el convenio obliga a las partes a "realizar actuaciones destinadas a garantizar la seguridad y salud de los Jueces/as y Magistrados/as en los distintos aspectos derivados del ejercicio de la actividad profesional", a "implantar un plan de prevención de riesgos laborales", a "promover los mecanismos de participación de los jueces y magistrados" en esta materia, a "establecer los elementos necesarios que permitan una adecuada vigilancia de la salud de los Jueces y Magistrados en función de los riesgos profesionales a los que estén expuestos, a través de revisiones médicas periódicas y voluntaria" y a "garantizar" que estos profesionales "reciban una formación e información suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales, tanto en el ámbito de la formación inicial como en el de la formación continua".