Familiares de las víctimas del franquismo se autoinculpan para recusar a los magistrados que investigan a Garzón

Doce abogados y representantes de asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica han presentado esta mañana un escrito en el Tribunal Supremo en el que 113 personas se autoinculpan en la querella de Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón, al considerarse "inductores o cooperadores necesarios" de las actuaciones del magistrado de la Audiencia Nacional.

Los autoinculpados piden ser considerados como partes en el proceso y, en calidad de tales, recusan al presidente de la Sala Penal del Supremo, Juan Saavedra, y los cuatro magistrados que admitieron a trámite la querella de Manos Limpias: el ponente, Adolfo Prego, y los magistrados Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo y Joaquín Giménez.

Los representantes y afiliados a asociaciones de la Memoria Histórica se consideran "perjudicados" por la querella contra Garzón y dicen encontrarse en el origen y desarrollo del procedimiento contra el juez imputado por el Supremo.

El motivo para recusar a los cinco magistrados que imputaron a Garzón es la "falta de imparcialidad objetiva", dado que los mismos jueces de la Sala Penal del Supremo rechazaron requerimientos de inhibición y querellas de Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la República, todas relativas a la causa abierta por Garzón por los crímenes del franquismo, y entonces no hallaron motivos para cuestionar la legitimidad de sus resoluciones. En cambio, a petición del sindicato Manos Limpias, admiten a trámite una querella contra las mismas resoluciones del juez, lo que les suscita "un fundado temor de falta de imparcialidad".

Por otra parte, el Supremo ha dado traslado al sindicato ultraderechista Manos Limpias y al Ministerio Fiscal del recurso de reforma del juez Baltasar Garzón, para que formulen alegaciones al mismo en el plazo de dos días. La Fiscalía no ha recurrido pero apoyará que la apertura del sumario de la Memoria Histórica por Garzón no es constitutivo de delito, tal como explicó en su oposición a la admisión de la querella del sindicato ultraderechista.