El Gobierno prepara el derribo de la cárcel de Carabanchel

El Gobierno prepara las tareas de demolición de la antigua cárcel madrileña de Carabanchel. Una grúa derribó la pasada madrugada un muro externo del edificio, en la zona de lo que fue el módulo de mujeres. Posteriormente entraron dos máquinas más que se han quedado allí estacionadas.

Pese a que las excavadoras están paradas, la sensación es que la demolición del penal será inminente. Hay una docena de guardias de seguridad que vigilan la zona. A un grupo de unos 60 rumanos que viven junto al edificio les han notificado hoy que deben abandonar el lugar en un plazo límite de 24 horas.

"Todavía queda algo de esperanza", ha asegurado el portavoz de la Asociación de Vecinos de Aluche, Julián Rebollo, puesto por el momento sólo se ha visto afectada un pared exterior del penal. Colectivos de Latina y Carabanchel y la plataforma por la creación de un centro por la memoria histórica en la antigua cárcel se concentrarán a las seis de la tarde, a las puertas del edificio, para exigir a las administraciones que el derribo no llegue hasta la cúpula por "su singularidad histórica y urbanística".

Instituciones Penitenciarias ha enviado hoy a los vecinos un informe en el que se detalla que el mal estado de la cúpula impide que se rehabilite. Pero los vecinos no se conforman con esta explicación y ya han respondido que un estudio del colegio de arquitectos si contempla la posible restauración para un nuevo aprovechamiento.

650 viviendas

El pasado 3 de octubre el Ayuntamiento de Madrid otorgó la licencia de derribo de la cárcel. Está previsto que se construyan un hospital, 650 viviendas y varios equipamientos y oficinas públicas. Las asociaciones de vecinos de Carabanchel se reunieron la semana pasada con la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, quien se comprometió, según los portavoces vecinales, a estudiar la eventual paralización del derribo de la cúpula de la antigua cárcel.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha asegurado hoy en el Congreso que con el inicio de las obras, denunciadas por los vecinos, se ha burlado al Parlamento y al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Llamazares ha aludido a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de primeros de octubre de otorgar licencia de derribo y al auto dictado unos días después por Garzón, en el que planteaba la suspensión cautelar gubernativa del procedimiento administrativo que se sigue para la adjudicación de las obras. Esta decisión judicial, según Llamazares, parecía vislumbrar una paralización del derribo.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha negado que hayan comenzado las tareas de derribo y que será la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, quien posee la licencia municipal, la encargada de realizar los trabajos.