Pumpido interviene para resolver las discrepancias entre fiscales sobre el recurso contra el Estatuto

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha convocado para el próximo martes la Junta de Fiscales de Sala para resolver la discrepancia existente entre los fiscales del Tribunal Constitucional a la hora de admitir a trámite el recurso presentado por el PP en el que pide que el Estatuto catalán se tramite en el Congreso como una reforma constitucional en lugar de estatutaria, según informa la Cadena SER.

La Fiscalía del Constitucional ha emitido un informe en el que se muestra partidaria de admitir a trámite el recurso presentado por el PP en el sentido de que el trámite correcto para discutir el Estatuto de Cataluña en las Cortes Generales sea mediante una reforma constitucional y no como una reforma estatutaria.

Los fiscales se encuentran divididos y tres votaron en contra de la admisión a trámite mientras otros tres votaron a favor. Juan Ortiz Urculo -ex fiscal general del Estado a propuesta del PP- como jefe de la fiscalía ante el Tribunal Constitucional ha inclinado la balanza a favor de la admisión a trámite y así se lo comunicará hoy a Candido Conde-Pumpido.

Las fuentes citadas por la SER aseguran que el fiscal general, a la vista de las discrepancias, convocará la Junta de Fiscales de Sala, que es el máximo órgano técnico de consulta que tiene esa institución para elaborar sus informes. En esta junta se estudiará también otro informe de la propia secretaria técnica de la Fiscalía General del Estado que se muestra contrario a la admisión a trámite del recurso del PP.

Obligado cumplimiento

Por tanto, el próximo martes, los 16 miembros de la Junta de Fiscales de Sala estudiaran ambas propuestas y adoptarán una decisión consensuada que será de obligado cumplimiento para el fiscal del Constitucional. El informe que salga de esta junta será estudiado por el Alto Tribunal en una reunión de su plenario, junto con el resto de informes solicitados al Gobierno, al abogado del estado, etcétera.

Si finalmente el Alto Tribunal no admite a trámite el recurso del PP, el desarrollo del proyecto de Estatut se llevaría a cabo como una reforma estatutaria. Si, por el contrario el Constitucional admitiera a trámite el recurso y sentenciara su tramitación como reforma constitucional, el camino a seguir para la reforma debería contar necesariamente con 3/5 de los diputados de las Cortes Generales, lo que haría necesario el voto favorable del PP para ser aprobado.